Familiares de los normalistas de Ayotzinapa demandaron al titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, acatar el fallo del tribunal colegiado que ordenó reponer el proceso por el caso Iguala e instalar una comisión de investigación para la verdad y la justicia.

En conferencia de prensa, las madres y padres de los 43 estudiantes víctimas de desaparición forzada se manifestaron acerca del fallo judicial y el informe del Mecanismo Especial de Seguimiento del Asunto Ayotzinapa (MESA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sub-rayaron que la sentencia del tribunal abre las puertas de la justicia y les da la razón: “La verdad histórica quedó sepultada.

Los 43 padres sabemos perfectamente que el mismo gobierno no nos ha dado respuesta durante casi cuatro años, pero es una oportunidad para el señor presidente de tener un poquito de dignidad y apoyar la nueva comisión, dijo Mario González, padre de uno de los jóvenes desaparecidos.

Recordó que la sentencia es inapelable y su cumplimiento es obligatorio. Criticó la actitud ambigua de la Procuraduría General de la República (PGR) al decir que no comparte el criterio del tribunal colegiado.

Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, organización que ha acompañado a los familiares, consideró preocupante la reacción de la PGR, cuando la verdadera respuesta debería ser si van o no a cumplir la sentencia. Detalló que la comisión debe ser implementada por la administración federal.

¿Por qué creer en un gobierno que los ha engañado, los ha agraviado y ha encubierto a quienes han actuado ilegalmente en esa investigación? Por eso los padres piden una declaración de voluntad política directamente del Presidente que exprese su compromiso de cumplir con la sentencia.

En caso de no acatar la sentencia judicial, informaron los representantes legales de los padres, Peña Nieto y otros funcionarios incurrirían en desacato y obstrucción de la justicia.

Demandaron que como parte de la comisión por la verdad y la justicia se den todas las condiciones para que regresen los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH.

Los abogados de los normalistas precisaron que la comisión ordenada por el tribunal colegiado es un mecanismo extraordinario de investigación que no quita a la PGR la potestad de investigar, pero sí establece la participación de víctimas, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de organismos internacionales como controles externos para dar condiciones de independencia e imparcialidad, considerando el cúmulo de irregularidades detectadas en el caso.

Recordaron que el incumplimiento de lo ordenado por el tribunal podría generar responsabilidades penales para las autoridades omisas por desacato y obstrucción de la justicia.

Ante los argumentos de articulistas y comentaristas de algunos medios de comunicación acerca de que la sentencia del tribunal permitirá que algunos detenidos por el caso Iguala podrían obtener su libertad –pues ellos presentaron los amparos resueltos al denunciar tortura–, se aclaró que el alcance de la sentencia no busca esa finalidad, sino reponer el proceso.

No hay intención de los padres de favorecer a los acusados. Si salen, es responsabilidad de la PGR por sus deficiencias en la investigación. Esa dependencia es la que pone en riesgo la verdad, subrayó Patrón.

María Elena Guerrero, madre de otro normalista, aseveró: Lo dijo el GIEI y lo corrieron, lo dijo la ONU y los maltrataron, ahora lo dice un tribunal mexicano con valentía: la teoría del basurero está sepultada