La investigación del caso Ayotzinapa que realiza la Procuraduría General de la República (PGR) presenta graves irregularidades, ha sido exageradamente lenta y no ha alcanzado su principal objetivo: saber qué sucedió y dónde están los 43 normalistas desaparecidos de manera forzada, así como brindar verdad y justicia a las víctimas, concluyó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Subrayó que en las indagatorias sigue pendiente determinar el grado de participación del Ejército, las policías Federal (PF) y municipales, y de funcionarios estatales que, por acción u omisión, pudieran estar implicados en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Lamentó que hasta ahora no haya un solo consignado, menos condenado, por desaparición forzada, pues quienes han sido detenidos están acusados de delincuencia organizada, ejercicio indebido del servicio público y secuestro.

Verdad histórica enterrada

“Se observa falta de celeridad en alcanzar conclusiones tanto en las actividades de búsqueda como en el esclarecimiento efectivo de las diferentes líneas de investigación señaladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), aun cuando se estableció un cronograma para tal efecto que sigue pendiente y monitoreándose”, señaló el organismo internacional.

Enfatizó que es necesario profundizar en las líneas de investigación sobre el trasiego de drogas con autobuses de México a Estados Unidos, y que ciertas empresas de transporte pudieran estar implicadas en ese delito, además de atender las denuncias por tortura hechas por algunos de los consignados.

Ayer, en Washington, integrantes del Mecanismo de seguimiento al asunto Ayotzinapa (MESA), de la CIDH, presentaron el informe de su primer año de labores, en el que consideran trascendental la resolución de un tribunal federal colegiado, con sede en Tamaulipas, que ordena reponer el proceso por este caso y que se cree una comisión de investigación para la verdad y la justicia, en el que se da un papel protagónico a los familiares de las víctimas, y apremian al Estado mexicano a acatar dicho fallo, pues por ley está obligado a hacerlo.

El reporte presenta los avances y pendientes del gobierno mexicano en el cumplimiento a las recomendaciones del GIEI, organismo creado por la CIDH para coadyuvar en las pesquisas sobre los crímenes contra los normalistas, que dejaron seis muertos, varios heridos –dos de ellos aún graves– y 43 estudiantes víctimas de desaparición forzada; también hace una serie de recomendaciones.

Acompañados por la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, Esmeralda Arosemena de Troitiño, comisionada relatora para México, y Luis Ernesto Vargas Silva, integrante del MESA, presentaron ayer el informe en el que se recomienda al Estado mexicano cambiar la narrativa en el caso ante las evidencias de que la llamada verdad histórica está enterrada y es insostenible. Esta hipótesis, que era la principal de la PGR, apuntaba a que los normalistas habrían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula.

En el informe, la CIDH solicita que se ejecuten las órdenes de aprehensión pendientes y detalla que dará seguimiento cercano a las solicitudes de cooperación jurídica internacional entre México y Estados Unidos, así como a las diligencias que se realicen con base en dicha información.

Los comisionados indicaron que las investigaciones de la PGR siguen fragmentadas, debido a que los expedientes de la justicia estatal no se han integrado en su totalidad a la carpeta federal.

Llamaron la atención por el ocultamiento de pruebas, por las posibles obstrucciones a la investigación durante la diligencia realizada en el río San Juan, donde se han documentado irregularidades en las que habría incurrido el entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón, y por el presunto intento de espionaje por medio del malware Pegasus a defensores de derechos humanos e integrantes del GIEI.