Es sumamente preocupante la violencia desatada contra los periodistas en México. Reflejo de ello es que en los primeros cinco meses de este año han sido asesinados seis profesionales de los medios de comunicación.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), manifestó su preocupación por los crímenes contra periodistas en el país, y condenó los dos casos más recientes: el de Alicia Díaz González, colaboradora de El Financiero en Monterrey, Nuevo León, y el de Héctor González Antonio, corresponsal de Grupo Imagen en Tamaulipas, asesinados los días 23 y 29 del mes pasado, respectivamente.

Al presentar su posición ante estos hechos, esta instancia de la CIDH demandó al Estado agotar las líneas de investigación vinculadas al ejercicio de la profesión en todos los homicidios de comunicadores.

“La relatoría especial observa con grave preocupación la situación de violencia contra periodistas en México. En lo que va de 2018, esta instancia recibió información sobre seis casos de comunicadores asesinados, lo que confirma la situación de riesgo y vulnerabilidad de los trabajadores de los medios en México.

En 2017 hubo 12 periodistas asesinados, y al menos 20 debieron desplazarse de sus regiones debido a las amenazas recibidas, así como ataques a su vida e integridad personal.

Refirió que en su más reciente visita al país, en diciembre del año pasado, y que se realizó en conjunto con la relatoría en la materia de la Organización de las Naciones Unidas, se observó que México enfrenta una profunda crisis de seguridad que afecta gravemente los derechos humanos y, particularmente, la seguridad de los periodistas. Los ataques endémicos en contra de ellos, así como contra las personas defensoras de derechos humanos, sin duda representan la amenaza más inmediata y desafiante a la libertad de expresión en México.

Tras su visita al país, los relatores de la CIDH, Edison Lanza, y de la ONU, David Kaye, identificaron que la situación de las mujeres periodistas es aún más grave, ya que “enfrentan contextos amenazantes particulares. Según informes de la sociedad civil, ha habido un aumento de 200 por ciento en ataques contra ellas (…) Asimismo, existe una falta de perspectiva de género en la investigación, persecución del delito y en la protección de la situación de estas profesionales”.

La relatoría de la CIDH resaltó que es fundamental que el Estado mexicano investigue de forma completa, efectiva e imparcial este crimen que afecta a toda la sociedad mexicana, esclarezca sus móviles y determine judicialmente la relación que pudiera tener con la actividad como comunicadores.

El efecto amedrentador por estos asesinatos, enfatizó, sólo podrá evitarse mediante la acción decisiva del Estado para castigar a quienes resulten responsables, como corresponde a su obligación.