n menos de un mes Enrique Peña Nieto va a quedarse como mero administrador de un aparato de gobierno menguado, desacreditado por sus responsables, carcomido por la corrupción galopante. Y desde ahora vuelven a colocarse en el centro de la escena los conflictos que él generó, desatendió o desdeñó. Están apareciendo las facturas pendientes.
La permanente cesión de soberanía, la constante supeditación a los designios del poder estadunidense que han caracterizado a esta administración se traducen ahora en un país con la política exterior debilitada que debe hacer frente a la cruda insolencia imperial de Donald Trump. El propio Peña, y antes, Calderón, y antes, Fox, y antes, Zedillo y Salinas, destruyeron los instrumentos con los que la nación se había defendido, bien que mal, de los designios de Washington. Apostaron por la sumisión, la entrega de territorio, la abdicación de potestades y jurisdicciones, la integración económica obsecuente, la alineación indigna. Hoy la Casa Blanca exige todo a cambio de nada y este gobierno no tiene para dónde hacerse ni con qué responder, ni siquiera con un mínimo respaldo ciudadano. Por eso lo mejor que podría hacer sería abrir un paréntesis en sus contactos y tratos con los mandamases del país vecino y esperar los resultados de la elección del 1º de julio próximo para acordar con quien las gane los términos de la nueva relación.
El peñato pretendió tapar su propia corrupción con un dedo, luego con blindajes legales, con la utilización facciosa de la Secretaría de la Función Pública y de la Procuraduría General de la República. Ha logrado desvirtuar hasta ahora las pesquisas para esclarecer los tratos con OHL y Grupo Higa, los dineros de Odebrecht, las mansiones dudosas, la Estafa Maestra. Pero los planes para garantizar la impunidad perpetua fracasaron, entre otras razones, porque varias de esas tramas corruptas tienen una dimensión internacional, y el Presidente podrá cambiar de procuradores, hacer acomodos de gabinete, proteger a sus corruptos más expuestos, presionar al Poder Judicial o mover a sus legisladores fieles, pero sólo en México. Le quedan menos de seis meses para esclarecer, procurar justicia y entregar una administración sin esqueletos en el clóset. Ojalá que este gobierno entienda la pertinencia de que empiecen a hacerlo sus propios integrantes y no dejarle toda esa tarea a los sucesores, sean quienes sean.
El régimen creía haber salido airoso del enorme agravio social de su reforma educativa
, pero ayer la capital de la república amaneció con miles de maestros democráticos que no se resignaron a aceptar la derrota y que, pese a los descuentos, los despidos, la represión, la cárcel y los asesinatos, mantiene viva la defensa de sus derechos laborales y de un modelo educativo con sentido social y no privatizador. Aquí están, exigen soluciones y las seguirán exigiendo. Es lamentable ciertamente que la población de la ciudad tenga que padecer embotellamientos, pero si quiere reclamarle a alguien, que le reclame a Aurelio Nuño, al propio Peña y a los legisladores que aprobaron esa aberración –el ahora candidato Ricardo Anaya, entre ellos–, es decir, a quienes causaron el problema, no a los trabajadores de la educación que buscan alguna manera de salir de él.
Desde inicios del actual sexenio el gobierno federal adoptó una actitud sumamente irresponsable ante la descontrolada violencia que heredó de la estrategia de (in)seguridad de Calderón. Pidió a los medios que no hablaran del tema, envió a Michoacán a un comisionado para que aparentara la pacificación de esa entidad y siguió, en lo sustancial, los lineamientos contraproducentes y miopes de la guerra declarada por el calderonato. Hoy, a unos meses de que Peña abandone Los Pinos, el descontrol delictivo vuelve por sus fueros y el país está más violento y ensangrentado que nunca. Mala noticia: si en cinco años y medio el aún Presidente no quiso formular una solución integral al problema de la inseguridad y la ruptura del estado de derecho, en los meses que le quedan en el cargo no podrá hacer nada. Ni aunque quiera.
Y la atrocidad de Iguala. Ayer un tribunal de Tamaulipas ordenó la formación de una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia, integrada por representantes de las víctimas, de la CNDH y del Ministerio Público. No más simulaciones, encubrimientos, pistas sesgadas, culpables fabricados, evidencias desaparecidas, pruebas sembradas ni truculentas verdades históricas
. La parte gubernamental tendrá que colaborar en el verdadero esclarecimiento de ese horror y del destino de los 43 muchachos de la normal de Ayotzinapa aún desaparecidos.
Se acaba el festín. Es hora de empezar a pagar la cuenta.
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