menos de cuatro semanas de que se realice una votación que apunta para ser una derrota histórica del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el primer tribunal colegiado del decimonoveno circuito ha dado el más seco revés a la administración de Enrique Peña Nieto en cuanto a la verdad histórica con que se ha pretendido encubrir el conjunto de complicidades gubernamentales en torno al caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala.

Los magistrados de ese tribunal atendieron las múltiples y fundadas objeciones que a esa verdad histórica han formulado organismos internacionales y nacionales, investigadores y peritos y, sobre todo, los familiares de los jóvenes que estudiaban en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero.

Según lo determinado por esas autoridades judiciales, la investigación que hizo el entonces titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, no fue pronta, efectiva, independiente e imparcial, y varias de las diligencias de la PGR para fortalecer su hipótesis ­(impu­taciones y confesiones, por ejemplo) fueron realizadas mediante tortura, en un proceso de falsificaciones y de violaciones a derechos humanos que deberá ser investigado en el ámbito de los tres niveles de gobierno: el municipal, el estatal y el federal.

En un Astillero de dos años atrás (3 de mayo de 2016: https://goo.gl/ZyC8wj; ya retomado parcialmente en una entrega del mes pasado) se daba cuenta de algunos de esos aspectos, ahora reconocidos formalmente por los magistrados federales: Diecisiete testigos clave en el armado de la hipótesis de la incineración de normalistas en Cocula sufrieron lesiones de diversa gravedad, indicativas de tortura, cuando ya estaban bajo custodia plena de las autoridades.

Además, se escribía en aque­lla ocasión: En el rubro específico de los tratos a detenidos y los correspondientes a informes médicos sobre su integridad física, existen suficientes elementos para que una defensa jurídica acuciosa muestre violaciones al debido proceso e intente con fun­damento la exculpación de los acusados (lo cual no sería culpa de los jueces ni de los eventuales defensores de los derechos humanos de esos inculpados, sino de la pésima confección de expedientes por parte de la PGR).

En dicha columna se mencionaba que la indagación de los 17 casos desarrollada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) había motivado al Consejo Internacional para la Rehabilitación de Víctimas de Tortura (IRCT, conforme a su denominación en inglés), con sede en Dinamarca, a formular “consideraciones que podrían ser devastadoras para el proceso mexicano contra esos miembros de Guerreros unidos”.

Aun cuando la experiencia mexicana con las comisiones de la verdad no es satisfactoria en cuanto a la eficacia justiciera que se esperaría de sus indagaciones, la decisión del tribunal federal respecto al caso Iguala-Ayotzinapa constituye la primera declaración judicial abiertamente contraria, plenamente descalificadora, de la siniestra versión acordada en el gobierno federal para tratar de dar por cerrado el caso de los 43 estudiantes mediante una fabulación grotesca. El juicio histórico de la administración peñista, y de su titular, tendrá como punto más alto, entre la enorme acumulación de hechos de corrupción y violencia, el caso de Iguala-Ayotzinapa. Habrá de verse si, además, la resolución judicial emitida ayer puede sustentar una eventual acción judicial en tribunales internacionales.

La visita anual de profesores no gobiernistas a Ciudad de México tiene esta vez en su favor las circunstancias políticas cambiantes: todo el poder aplicado por el gobierno de Peña Nieto para imponer la reforma administrativa, denominada educativa, no logró vencer la resistencia organizada por miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Y ahora, con altas probabilidades de un cambio de línea en la Presidencia de la República, la mencionada reforma educativa está en verdadero riesgo, tal vez no en los términos ampliamente derogatorios que buscan quienes se han plantado en los alrededores de la Secretaría de Gobernación, en busca de restablecer negociaciones, pero sí en una proporción negociadamente satisfactoria con el lopezobradorismo, si éste llega al poder.

Constituye una especie de apología del delito la continuidad de Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco, como candidato a la Presidencia de la República. El Instituto Nacional Electoral ha determinado la comisión de hechos presuntamente constitutivos de delitos por parte del gobernador de Nuevo León, con licencia. Por una parte, se le ha aplicado una sanción económica. Pero no se ha avanzado en el ámbito penal ni en la declaratoria de retiro de una candidatura evidentemente manchada y punible. Mantener al Bronco en el escenario político es una confirmación pública de que toda irregularidad, por grave que sea, es negociable en los ámbitos cupulares, una especie de pedagogía social en favor del fraude electoral.

Escribe José Joaquín López: Con verdadera rabia leo en su artículo cómo el mismo INE está más que preparado para convalidar el fraude; pero lo más vergonzoso es el hecho de que los directores de las casas encuestadoras se alineen voluntariamente al macabro juego, mandando al demonio el trabajo y de paso la esperanza del votante respecto a que es posible un cambio pacífico, vía voto, doblándose y plegándose a los intereses del grupo en el poder. Si ellos mismos no respetan los resultados demoscópicos es porque se asustan, o los asustan, o simplemente porque no esperaban tal diferencia. Debería darles ­vergüenza.

Y, mientras Esteban Moctezuma Barragán, propuesto por AMLO para ser secretario de Educación si triunfa Morena, ha dicho respecto a las protestas magisteriales instaladas en Ciudad de México: Cuando hay cerrazón muchas veces suceden estas cosas, pero obviamente la prioridad son los niños y siempre buscaríamos también proteger los derechos de los niños (https://goo.gl/5T66vo), ¡hasta mañana!

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