l 6 de agosto de 2014 ocurrió la mayor tragedia ambiental en la historia de la minería de México. Ese día, se derramó el tanque de almacenamiento de residuos químicos en una de las minas de cobre más grandes del mundo. Se localiza en Cananea, en el norte de Sonora, y la explota el Grupo México. Cuarenta millones de litros de sustancias tóxicas escurrieron hacia el río Bacanuchi, tributario del Sonora. La empresa, propiedad de Germán Larrea, uno de los hombres más ricos e influyentes de México, ocultó el derrame durante varios días a las poblaciones que se verían afectadas y a las autoridades. Cuando reconoció la tragedia, dijo que todo se debió a una falla estructural. Y por las intensas lluvias, que no las hubo.

Los que sí se dieron cuenta de lo que pasaba fueron los pobladores del municipio de Arizpe, cuando les comenzó a llegar el agua color amarillo, con mal olor y peces muertos. En contraste, las autoridades estatales y federales del medio ambiente y la protección civil dijeron inicialmente que un de­pósito de agua con ácido sulfúrico en bajas concentraciones había tenido filtraciones, pero que el escurrimiento estaba bajo control y no representaba riesgo para la gente. Sin embargo, pidieron a los pobladores por donde pasaban los dos ríos mencionados (Banámichi, Huépac, Aconchi, Baviácora, Mazocahui, Ures y Hermosillo) no beber agua ni bañarse en sus aguas.

Y vino lo peor: Se suspendió el suministro de agua a miles de familias, pues los pozos de los que se surtían estaban contaminados; a los productores de leche no les recibían el producto porque las vacas bebían agua de los dos ríos. La zona quedó así bajo un enorme desajuste ambiental, económico y social que obligó a las instancias oficiales, tarde y descoordinadamente, a tomar medidas extremas para proteger la salud pública, la economía y el ambiente en los siete municipios afectados. En el colmo, el titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (dependencia que el presidente Peña Nieto entregó al mal llamado Partido Verde como pago por su apoyo electoral y legislativo) pidió no satanizar la minería por dicho desastre y cuyas secuelas todavía hoy se dejan sentir entre la población. Igual hicieron los líderes empresariales Gerardo Gutiérrez Candiani y Juan Pablo Castañón.

En abril de 2015 se creó en la Presidencia de la República la Coordinación Marca País y Medios Internacionales, encargada de diseñar estrategias de comunicación para fortalecer la imagen y percepción de México en el extranjero. Algo urgente a fin de ofrecer una visión distinta a la de pobreza, desigualdad, violencia, impunidad, inseguridad y corrupción que suelen mostrar los medios internacionales. Merecen destacarse nuestro legado cultural y natural y la hospitalidad de que hacemos gala.

Sin embargo, esa tarea la ensombrecía casi al mismo tiempo la mala imagen del Grupo México en Perú, donde toda una provincia se opuso a su proyecto de explotar un enorme yacimiento de cobre. El motivo: quitarle el agua que usan para sus cultivos y causar contaminación. La oposición dejó cuatro muertos. Además, en España estaba bajo sospecha de corrupción por explotar otro yacimiento.

Ahora el señor Larrea se une a los líderes empresariales (como los antes citados Castañón y Gutiérrez Candiani, o el señor Baillères, dueño del Palacio de Hierro y al que el gobierno le adjudicó la Medalla Belisario Domínguez, demeritando así más esa presea) que condenan el posible retorno a un modelo populista en clara referencia a la corriente política del candidato presidencial líder en las encuestas electorales. Y llama a votar con inteligencia y no con el enojo que hoy todos compartimos. Estos cinco poderosos se presentan como blancas palomas, generadores de empleo y riqueza. Pero en el reporte de Integridad Corporativa sobre las 500 empresas más importantes de México, el cual mide la calidad de sus políticas de integridad y anticorrupción, las del señor Baillères ocuparon el último lugar. Y las del Larrea, el 333.

Si tanto les preocupa que sus empleados no voten con enojo, comiencen por hacer de sus empresas ejemplos de integridad, salarios justos y cero corrupción.