La directora general de auditorías forenses de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Muna Dora Buchahin Abulhosn, fue destituida de su puesto en días recientes, por lo cual envió una carta al titular de dicho organismo, David Colmenares Páramo, para pedirle explicaciones por lo que calificó de despido sorpresivo e improcedente.

La hoy ex funcionaria trabajó en la documentación de diversas irregularidades graves en el manejo de los recursos de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en las cuales estarían involucrados la actual titular de este último organismo, Rosario Robles, y el hoy candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade.

Buchahin es doctora en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y está certificada como investigadora de prácticas fraudulentas, además de ser experta en contabilidad y auditoría gubernamental, reconocida por varias organizaciones nacionales e internacionales. Asimismo, se ha desempeñado como perito en criminología del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México.

En su misiva –divulgada en primer lugar por el portal Aristegui Noticias–, la ex funcionaria subrayó que el auditor especial de cumplimiento financiero de la ASF, Gerardo Lozano Dubernard, le informó que por instrucciones de Colmenares ella tendría que dejar su cargo a más tardar el 31 de mayo.

Al manifestar su inconformidad, resaltó que durante sus 13 años en labores de auditoría y fiscalización se había conducido con pulcritud absoluta. Sin importar lo anterior, al preguntar por las razones de mi separación, no hubo ninguna más que la obediencia a la ya mencionada instrucción superior de Colmenares.

La ex servidora pública añadió: me extraña que, en los hechos, mi labor no sea reconocida y valorada en su dimensión y sea tratada de manera poco digna por esta institución, que se ha caracterizado por un trato respetuoso a su estructura.

Buchahin recordó que están en curso ocho auditorías forenses y existen cinco propuestas más para integrar el Programa Anual de Auditorías de 2017, de las cuales dos se refieren a denuncias documentadas y vinculadas nuevamente con Sedatu y sus convenios con instituciones públicas de educación superior en 2016, con desvíos graves por 275.2 millones de pesos descubiertos durante la ejecución de nuestras auditorías en diciembre de 2017.

Destacó que la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASF decidió emitir un dictamen negativo sobre el tema, pese a conocerse “el modus operandi, los probables responsables, los montos desviados y el grave daño social ocasionado bajo esquemas de corrupción y simulación”.

Los recursos desviados alcanzan los 7 mil 700 millones de pesos e involucran a funcionarios de Sedesol, Sedatu, las universidades y terceros presuntos proveedores implicados en la articulación de estas redes de empresas fachada, enfatizó Buchahin, quien subrayó que seguirá en el cargo hasta el próximo 21 de junio para cumplir con sus obligaciones.

Respuesta del organismo

Unas horas después de que se difundiera la carta de la ex funcionaria, la ASF respondió que el despido de Buchahin se debió a un supuesto conflicto de intereses, no por los resultados de las auditorías que realizó durante su estancia en la institución.

Se cuenta con información de diversas fuentes respecto a un conflicto de intereses (de Buchahin), aprovechándose de su posición como funcionaria pública de la ASF, señaló en una misiva Gerardo Lozano Dubernard, quien asumió toda la responsabilidad del despido de la ex funcionaria.

Según Lozano, un ejemplo de lo anterior es la contratación de la Asociación de Examinadores de Fraudes Certificados y de la organización Fraud Prevention And Examination, encabezadas por Buchahin o en las cuales tiene un rol destacado para prestar servicios de capacitación a la ASF y otras instancias públicas.