Periodistas de Nuevo León, Veracruz, Guerrero y Baja California realizaron marchas simultáneas este miércoles para exigir justicia por el asesinato de Alicia Díaz González, reportera del periódico El Financiero, ocurrido el pasado 24 de mayo, en Monterrey, Nuevo León.

Familiares de la comunicadora encabezaron la manifestación en el palacio municipal de Monterrey para reclamar a las autoridades locales que pudieron evitar su crimen, pero no dieron seguimiento a las amenazas de muerte que la informadora denunció de manera formal hace dos años.

Los hijos de la reportera, Eduardo, Valeria y Gerardo, así como su hermano Miguel Ángel Díaz, solicitaron a las autoridades que las investigaciones den resultado, porque de lo contrario continuarán con sus protestas.

No vamos a detenernos hasta que nos den repuesta; queremos justicia para mi hermana, los días son horas y las semanas son días y no hay respuesta. Queremos saber, ya había una denuncia y no se le dio seguimiento, reclamó Miguel Ángel.

En Jalapa, Veracruz, periodistas y familiares de Alicia Díaz se congregaron en la Plaza Lerdo y después marcharon por el primer cuadro de la ciudad con pancartas con frases como Justicia para Alicia, Basta de Feminicidios, Ni una menos, Basta de violencia, No más muerte.

Gualberto Díaz, familiar de la reportera, resaltó que Alicia fue asesinada en su condición de madre soltera y lamentó que los tres hijos quedaran en orfandad. Queremos que la fiscalía de Nuevo León nos dé la custodia de los niños mientras se esclarece el caso, dijo.

En Guerrero exigen garantías

En las ciudades guerrerenses de Acapulco y Chilpancingo, exigieron que cese la violencia contra comunicadores en el país y solicitaron que la fiscal de atención especializada en delitos contra periodistas de la entidad, Rigoberta Román Olea, ofrezca resultados en los casos vigentes por agresiones y crímenes.

Mientras tanto, en Baja California periodistas de diferentes medios lamentaron que en lo que va del año seis comunicadores hayan sido asesinados en México, tres de ellos en mayo: Juan Carlos Huerta, en Tabasco; Alicia Díaz González, en Nuevo León, y Héctor González Antonio, en Tamaulipas. Exigieron que las investigaciones en esos casos sean atraídas por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle) de la Procuraduría General de la República (PGR) y retire a las dependencias locales los casos, porque no garantizan confiabilidad en las investigaciones.

(Erick Muñiz, Héctor Briseño, Sergio Ocampo, Eirinet Gómez y Antonio Heras)