El Grupo México, propiedad del empresario Germán Larrea, en agosto de 2014 ocasionó el peor desastre ambiental de la industria minera –según la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)– con el derrame de 40 millones de litros de residuos peligrosos de su filial Buenavista del Cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi, en Cananea, que afectó a 22 mil personas.

El fideicomiso para la reparación del daño cerró hace un año, pero afectados presentaron una demanda por la opacidad con que operó 2 mil millones de pesos, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)atrajo el caso.

Un juzgado determinó que el fideicomiso era privado y la demanda no procedía, pero es de interés público, y en el comité técnico está Rodolfo Lazy, subsecretario de Planeación de la Semarnat, por lo que la SCJN atrajo la demanda, señaló la organización Poder, que asesora a comités de la cuenca del río Sonora.

La organización explicó que la operación del Fideicomiso del Río Sonora, acordado por el gobierno federal con la empresa para atender los daños derivados del derrame ocurrido el 6 de agosto de 2014, ha sido opaca y no se cumplieron todos los compromisos.

El fideicomiso cerró en febrero de 2017, pero las organizaciones se enteraron en agosto.

Entre los incumplimientos documentados por la organización está que se prometió instalar 36 plantas potabilizadoras, pero sólo hay ocho y no operan con regularidad. En cuanto a los problemas de salud están la promesa de la construcción de una unidad médica para tratar los casos de intoxicación con metales pesados, pero el edificio quedó en obra negra.

En la estrategia de comunicación se gastaron 24 millones de pesos, más de los 21 millones que se orientaron a las acciones de atención y seguimiento médico, de acuerdo con lo reportado por el fideicomiso.

Sobre la reactivación agropecuaria, Poder indicó que se repartieron indemnizaciones sin hacer análisis económicos.

El abogado de la organización, Luis Miguel Cano, apuntó que si la SCJN acepta que el fideicomiso puede ser cuestionado en un juicio de amparo, una de las posibles consecuencias sería su reapertura para permitir que la gente sea tomada en cuenta, lo cual “abriría la esperanza de que esto no acabe en la impunidad más atroz, donde la empresa dio sus dádivas y la gente quedó completamente dañada.

A escala nacional manda el mensaje de que estas jugarretas no eximen a las empresas de sus responsabilidades, y al gobierno le dice que no puede ponerse a trabajar para las empresas.

Hay impunidad y falta de acceso a la justicia para los afectados, ya que en los cuatro años han ocurrido cosas como el que en los municipios de Aconchi y Bacanuchi los presidentes municipales han tomado represalias contra quienes buscan emprender acciones legales en contra de la empresa y obstaculizan los casos, con acciones como negarles cartas de residencia a los afectados, señaló el informe del grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos.

Refiere que se elevó el número de personas enfermas, en coincidencia con la hipótesis de la bioacumulación de metales pesados en sangre. La atención a las personas cuya salud se ha visto mermada por el derrame ha sido en general de mala calidad.