Buenos Aires.

El Senado argentino comenzó a debatir este miércoles un proyecto de ley ya aprobado en la Cámara de Diputados para regresar las tarifas de servicios públicos al costo que tenían en 2017, norma que el presidente Mauricio Macri prometió vetar por su impacto fiscal.

El proyecto, impulsado por todo el arco opositor, busca declarar la emergencia tarifaria para los servicios de electricidad, agua y gas, y retrotraer su cotización a noviembre de 2017 para atar los aumentos a la evolución de los salarios.

La sesión se inició pasadas las tres de la tarde, y era probable que el debate se prolongara por varias horas debido a la larga lista de oradores anotados.

Salvo sorpresas de última hora, el proyecto se encamina a convertirse en ley, pese a que Macri prometió que la vetará de inmediato.

El gobierno calcula el costo fiscal de la norma en unos 100 mil millones de pesos (3 mil 900 millones de dólares), algo que va a contrapelo de su urgencia por reducir un déficit fiscal que llega a 3.9 por ciento del PIB.

Argentina sufrió entre abril y mayo una corrida cambiaria que depreció 20 por ciento el peso frente al dólar y que la llevó a pedir auxilio al Fondo Monetario Internacional con un crédito cuyo monto y condiciones aún se negocian, pero que incluirá una reducción del déficit fiscal.

No vamos a dudar un instante en hacer lo que tenemos que hacer, dijo este martes el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. El gobierno buscó, sin embargo, evitar el costo político de un veto.

El proyecto exige al gobierno medidas para aliviar el incremento de tarifas, que ya crecieron mil por ciento desde diciembre de 2015, cuando asumió Macri.

El senador Miguel Angel Pichetto, jefe del bloque opositor Argentina Federal (peronistas no kirchneristas), y que ha tenido buen diálogo y acuerdos con el oficialismo, acusó al gobierno de no haber buscado una salida consensuada con el Congreso.

Podríamos haber buscado caminos alternativos pero el gobierno nunca tuvo voluntad, declaró Pichetto en las puertas del Senado, y consideró que el freno al tarifazo es un mensaje político del Congreso dirigido al gobierno de que hay poca tolerancia social a los aumentos.

Las tarifas de los servicios públicos, todas con subsidio estatal, estuvieron congeladas durante una década, pese a que Argentina ha sido tradicionalmente un país de alta inflación.

La norma ya fue aprobada en la Cámara de Diputados por 133 votos a favor, 94 en contra y tres abstenciones.

El gobierno pretende que los salarios no se ajusten este año más allá de 15 por ciento, en coincidencia con su meta de inflación. Pero el Fondo Monetario Internacional proyecta un aumento del índice de precios al consumidor en torno a 20 por ciento.