“Ilegal, el aviso que la dependencia publicó en la Gaceta Oficial”
Jueves 31 de mayo de 2018, p. 34
La Asamblea Legislativa (ALDF) pidió al titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi), Carlos Augusto Meneses Flores, suspender el procedimiento para la instalación de tabletas en sustitución de taxímetros en las unidades del servicio público de transporte individual de pasajeros.
Al presentar en tribuna el punto de acuerdo, aprobado por la Diputación Permanente, el diputado Felipe de la Cruz Ménez, de Morena, sostuvo que el aviso que publicó la Semovi en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el pasado 17 de abril para notificar el procedimiento y los plazos para la instalación de los dispositivos no es legal, por carecer la dependencia de facultades para otorgar en concesión dicho servicio.
Sustento esto con el amparo que una empresa fabricante de taxímetros obtuvo en el décimo tribunal colegiado en materia administrativa en el que expresamente se menciona que el secretario de Movilidad carece de facultades para otorgar una concesión sobre instrumentos de medición, léase taxímetros, de servicio público
, por lo que propuso un exhorto al funcionario a fin de que suspenda indefinidamente dicho aviso.
De la Cruz expuso además que la Semovi deliberadamente ha ocultado información de los costos de operación y cobro para la liquidar la instalación de las tabletas
, así como de impuestos y retenciones que implicará su operación y que, si bien se instarán de forma gratuita en las unidades, afirmó que sería a costa de los usuarios de los taxis, ya que el banderazo se incrementaría en 5 pesos.
Agregó que con este cambio se afecta a 150 microempresas, entre fabricantes, verificadoras, talleres de reparación de los taxímetros.
Consideramos nosotros que falta claridad para implementar todo este sistema y como consecuencia hay un riesgo grave en la entrada en operación que afectará económicamente tanto a los usuarios del servicio, entiéndase los pasajeros que requieren del servicio de taxi, como para los concesionarios, quienes habrán de tributar no sólo ahora al Gobierno de la Ciudad de México, sino a una empresa privada por implementar este servicio
, apuntó.