En 2017 la Comisión de Disciplina y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) sancionaron a 76 servidores públicos, entre ellos, 21 magistrados y jueces de distrito por indebido ejercicio de labores o irregularidades en sus funciones; mientras, en anticorrupción, por primera vez en su historia, el consejo inhabilitó 10 años a un particular y le impuso una multa de 109 millones de pesos.

De acuerdo con información del propio Consejo de la Judicatura, en ese año también ordenó 290 procedimientos de investigación debido a quejas y denuncias, las cuales, acumuladas a otras 94 existentes, sumaron 384. Como resultado, castigó a 407 trabajadores y en el Registro de Servidores Públicos Sancionados se dieron 341 penalizaciones, incluidas las aplicadas por otros órganos disciplinarios del Poder Judicial de la Federación.

Las medidas aplicadas van desde amonestación, suspensión de funciones o apercibimiento hasta destitución del puesto.

Casos sonados

Los casos más sobresalientes son el del ex magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano, por presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El órgano del Poder Judicial de la Federación determinó destituirlo porque presuntamente favoreció a personajes como Sandra Ávila Beltrán, La reina del Pacífico, e Iván Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, entre otros.

Por falta de profesionalismo a los principios de excelencia e imparcialidad, el juez Luis Armando Jerezano Treviño fue destituido del puesto, pues de acuerdo con el expediente 12/2014, entre otras acusaciones faltó a la verdad en sus declaraciones de modificación patrimonial entre 2006 y 2011.

Jerezano se desempeñó como juez de distrito en Torreón, Coahuila, y fue suspendido provisionalmente en septiembre de 2011 por beneficiar con amparos irregulares al casino Atracciones y Emociones Vallarta.

Desde enero de 2014 el CJF determinó que existían indicios de que hubiera cometido delitos por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, por lo que al juez citado se le inició un procedimiento disciplinario y fue denunciado penalmente ante la Procuraduría General de la República.

Asimismo, el juez Anuar González fue inhabilitado por otorgar un amparo a uno de los cuatro Porkys, Diego Cruz, por violar a una menor de edad en 2016. A pesar de que la víctima declaró que el imputado, junto con sus amigos, le tocaron los senos, le metieron las manos debajo de la falda y Cruz le introdujo los dedos en la vagina, el juzgador concluyó que no consideró lo sucedido como agravio sexual, sino como roce o frotamiento incidental.

Un caso más es la suspensión por seis meses del juez Felipe Consuelo Soto, debido a posibles irregularidades durante el concurso mercantil de Mexicana, del cual fue responsable directo de 2010 a 2012. Hay otros expedientes que derivaron en sanciones contra funcionarios por acoso laboral, nepotismo e incurrir en falta de profesionalismo, entre otras causas.

En 2018 el CJF suspendió a tres servidores públicos presuntamente involucrados en la filtración y venta de reactivos del 28 concurso interno de oposición para la designación de jueces de distrito, lo que llevó a la cancelación de ese proceso.