El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, tiene listo el amparo contra el laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) que obliga al gremio a entregar poco más de 54 millones de dólares a trabajadores de Grupo México, una resolución plagada de inconsistencias e irregularidades.

La principal es que pasa por alto que ya se distribuyeron cerca de 20 millones de dólares a más de 5 mil 200 sindicalizados, advierte el asesor jurídico Carlos de Buen Unna, quien precisó que presentarán la solicitud de amparo el martes.

El abogado comentó que se trata de un laudo con fines político-electorales, emitido por la autoridad laboral para tratar de lesionar el prestigio de Gómez Urrutia, en momentos en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está por dar a conocer la resolución en torno a su candidatura al Senado bajo las siglas de Morena.

Explicó que la JFCA fue más allá de lo que se planteó en las demandas, al incluir no sólo a personal de Cananea, sino de otras empresas, y dio entrada a juicios de quienes ya cobraron el pago proporcional de los 55 millones de dólares que en 2006 Grupo México, el consorcio de Germán Larrea, entregó al Sindicato Minero.

Incluso, recalcó, la autoridad laboral avaló las demandas de personal de confianza de Grupo México y ordenó que también a ellos se les entreguen los recursos, que son para los sindicalizados.

El representante legal recordó que el dueño de Grupo México, Germán Larrea, aceptó el requisito que le impuso el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, de entregar 5 por ciento de las acciones de Cananea al Sindicato Minero, al adquirir esa mina, pero sólo lo cumplió 15 años después, luego de un largo litigio.

De Buen Unna explicó que los 55 millones de dólares fueron ingresados en un fideicomiso y se convino que se destinarían al bienestar de los trabajadores y al pago de los costos del proceso judicial.

Nunca se estableció que los recursos debían repartirse, pero el sindicato acordó dar la parte que correspondía a los mineros de Cananea y comenzaron a distribuirse, sólo que al mismo tiempo Larrea promovió la presentación de cientos de demandas, que son las que la JFCA resolvió hace dos semanas.

La autoridad laboral, detalló, dictó su laudo sin tomar en cuenta que parte de los 55 millones de dólares ya se entregaron, y resolvió que poco más de 54 millones –cerca de un millón los destina a los gastos de la fiduciaria– se repartan de forma proporcional.

Nos preguntamos si será proporcional a la antigüedad, o a qué, si la suma entregada será superior para los de Cananea. Es punto fundamental que la JFCA dejó en el aire, al igual la definición del número total de beneficiados por el laudo. No tenemos la más remota idea de cuántos son, no especificó si beneficia a los más de mil demandantes o a todos los trabajadores de Grupo México, expuso.

Hay infinidad de violaciones, señaló, pues la JFCA no acreditó que todos demandantes fueran mexicanos e integrantes del Sindicato Minero. Todo lo dejó al aire, insistió De Buen Unna, quien precisó que a más tardar el martes interpondrán la solicitud de amparo ante el Poder Judicial, un documento de más de 200 hojas.