Revivir la campaña mediática en torno a la fabricación del delito de secuestro en contra de Nestora Salgado, ex comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, es una maniobra política que busca afectar electoralmente a una de las fuerzas contendientes; no busca hacer justicia, asegura el jurista Leonel Rivero, quien encabezó su defensa durante el proceso judicial que concluyó en marzo de 20l6 con una resolución judicial que decretó el auto de libertad por no acreditarse delito alguno en su contra.

La criminalización de líderes opositores y movimientos sociales con el propósito de neutralizarlos no es sólo una hipótesis, sostiene. En un análisis de fabricación de delitos –especialmente secuestro– dirigidos contra líderes populares, se ha comprobado que el poder político utiliza indebidamente el aparato de procuración de justicia con fines represivos. Esta es la conclusión de un estudio realizado por el despacho Defensa Estratégica de Derechos Humanos, que coordina Rivero.

No se trata sólo de una hipótesis. En un análisis detallado de más de cien casos de fabricación de delitos, especialmente secuestro, dirigidos contra líderes populares, se ha comprobado que se trata de una estrategia para criminalizar a opositores y a movimientos sociales, para neutralizarlos, asegura en entrevista con La Jornada.

Es el caso de la campaña que lanzó el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia, José Antonio Meade, en contra de Salgado, ahora aspirante al Senado por Morena.

Sostiene que “la estrategia es muy clara en el contexto de un clima electoral polarizado: colocar ante la opinión pública el tema del secuestro, relacionado indebidamente con el nombre de Nestora Salgado, para generar animadversión en contra de su candidatura, de su partido, Morena, y de quien lo encabeza, Andrés Manuel López Obrador.

“No se requiere mucha ciencia. Por lo sensible del problema, la gente no medita demasiado, rechaza y teme todo lo relacionado con el secuestro. Ahora usan una falsa evidencia, sacada a conveniencia; un elemento aislado del expediente judicial, sin contexto, sin verdad. Es un argumento más para atacar al contrincante. No importa que no sean secuestradores, el grueso del público no va a cuestionar esto.

Cuando se utiliza mediáticamente la fabricación de delitos los juzgadores se ven ante enormes presiones, advierte Leonel Rivero, quien encabezó la defensa de Nestora Salgado (en la imagen cuando acudió a interponer una demanda contra José Antonio Meade)Foto Guillermo Sologuren

Y sí, les funciona. Utilizan esta información falseada seguramente porque en las mediciones de opinión pública les está funcionando.

Rivero encabezó la defensa de los presos políticos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, también acusados de secuestro; la del maestro tzotzil Alberto Patishtán y la de Salgado, entre otros casos de alto impacto en derechos humanos. Destaca el alto costo que tiene el mal uso de estas acusaciones, no sólo en la persona señalada y en su familia, sino en el sistema de justicia.

Lo dicen en privado jueces y magistrados. Cuando se utiliza mediáticamente la fabricación de delitos los juzgadores se ven ante enormes presiones y se corre el riesgo de que se desvíe la impartición de justicia, indica.

En cuanto al estado del proceso judicial, Rivero desmintió al ex procurador de Justicia de Guerrero Iñaki Blanco, quien asegura que la candidatura de Nestora debe ser inhabilitada porque todavía tiene tres causas penales abiertas (las averiguaciones 05/2014 y 48/2014 por secuestro y la 67/2014 por homicidio).

Es falso. El juez ya se pronunció en estas tres causas y determinó el auto de libertad. Lo que está pendiente es una resolución sobre las apelaciones que se decidirán en una audiencia de vista. Ahí se puede confirmar el auto de libertad o revocarlo y en ese caso Nestora aún puede interponer un recurso. Mientras, por ley, están vigentes todos sus derechos, incluso sus derechos políticos.

También aclara otra falsedad en la que insisten quienes favorecen la fabricación del delito, en el sentido de que la ex comandanta de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias fue liberada en atención a su doble nacionalidad, mexicana y estadunidense. Mentira. La defensa argumentó violación al debido proceso porque en el momento de su detención no se le permitió acceso al consulado estadunidense. El juez estuvo de acuerdo y resolvió reponer todo el proceso. Después de eso se siguió todo el procedimiento legal, la presentación de pruebas y declaraciones de los acusadores y de la defensa, y cuando se agotaron todas las diligencias, más de dos años después, el juez resolvió que no se acreditaba el delito. Y esa es la resolución que está vigente.