La intervención del gobernador Javier Corral Jurado para negociar con una magistrada la remoción del ex presidente del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, Julio César Jiménez, se trata de un acto grave que afecta la división de poderes y la independencia judicial, lo cual es un rasgo propio de regímenes autoritarios, coincidieron especialistas en temas legales.

José Luis Mancilla, académico universitario y experto en derecho constitucional, afirmó que lo ocurrido se enmarca en la reforma impulsada por Corral en el Poder Judicial de Chihuahua, que le permite al Consejo de la Judicatura local remover a jueces y magistrados, con lo que pasa por alto la intervención del Poder Legislativo.

Aquí, al ser el gobernador quien designó a todos los consejeros de la Judicatura del estado, y ser ellos quienes deciden la remoción de jueces, de manera inmediata podemos identificar una afectación o invasión de atribuciones del Ejecutivo respecto del Poder Judicial, advirtió el experto.

Sandino Rivero, abogado especialista en temas de derechos humanos, puntualizó que resulta muy grave que el Poder Ejecutivo influya así sobre el Judicial, porque implica una falta al principio de división de poderes e independencia judicial.

El litigante subrayó que el respeto de un poder frente al otro implica una garantía de que se vive en un estado democrático de derecho. En sentido con-trario, la intervención indebida de uno sobre otro nos habla de que no hay un estado de derecho, sino uno autoritario, donde no se respeta el imperio de la ley.

El politólogo y maestro universitario, Manuel Quijano, también manifestó que la intervención de Corral para acelerar la salida de Julio César Jiménez es a todas luces indignante, porque se obstruye la procuración de justicia por motivos políticos, y eso sólo se da en estados trogloditas.

Asimismo, consideró que las consecuencias políticas de este caso –si se llega a confirmar por completo– serían de escándalo, pues se violaría uno de los pilares del Estado moderno, que es el de la adecuada impartición de justicia.

Por su lado, Jorge Ricardo García Villalobos, presidente del Consejo Nacional de la Abogacía, y José Antonio Olguín Alvarado, de la Asociación de Abogados Litigantes de México, calificaron de lamentable que se rompa la barrera de la autonomía entre autoridades y fiscales para vulnerar las leyes.

Señalaron que esas prácticas son del pasado. Los poderes tienen que ser muy independientes. No se deben permitir esos vicios del pasado porque entonces la justicia se politiza y cuando eso sucede se pueden cometer muchas arbitrariedades.