Aunque se busque a través de juicios de amparo que el caso de Alejandro Gutiérrez se mantenga en el ámbito de la justicia del estado de Chihuahua, la sentencia dictada por el décimo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito es tajante: se deberá poner inmediatamente a disposición del juez de distrito administrador del Centro de Justicia Penal Federal en Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte a los imputados Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, Antonio Tarín y Gerardo Villegas.

Sin embargo, funcionarios del Poder Judicial advirtieron que existe la posibilidad de un acuerdo para destrabar el conflicto entre autoridades federales y locales, de modo que los tres imputados del desvío de más de 250 millones de pesos a campañas de candidatos del PRI en 2016 en Chihuahua sean juzgados federalmente, pero sin ser llevados a una cárcel en otra entidad, como lo ordenó el juez Moreno García, quien determinó que debían ser trasladados al Reclusorio Norte en Ciudad de México.

La resolución del tribunal colegiado –la cual se puede consultar públicamente–, señala que por unanimidad de votos de los magistrados Guadalupe Olga Mejía Sánchez, Silvia Estrever Escamilla y Carlos López Cruz, el juez de distrito administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte de Ciudad de México es legalmente competente para conocer el proceso que se instruye a Gutiérrez Gutiérrez y sus coacusados.

La sentencia dictada dentro del denominado conflicto de competencia 4/2018 señala que “los hechos imputados a los encausados en mérito derivan de la firma de un convenio llevada a cabo en esta Ciudad de México, mediante la cual, a través de un subsidio, se transfirió una cantidad de dinero procedente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Estado de Chihuahua, aunado a que (…) los recursos económicos otorgados a la entidad federativa serían destinados al rubro de educación, por lo que estimó que ese subsidio mantiene la característica de ser recurso público federal, de ahí que la federación sea el sujeto pasivo de los hechos imputados”.

Además, se precisa que la Secretaría de Hacienda federal entregó a las autoridades de Chihuahua la cantidad aproximada de 275 millones de pesos, los cuales no fueron aplicados al fin pretendido, en virtud del probable desvío de la suma en cita, acontecido mediante diversos actos realizados en la entidad de Chihuahua, conducta en la que probablemente intervinieron Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, Antonio Tarín y Gerardo Villegas.

Los integrantes del décimo tribunal colegiado señalaron que la legislación establece que los bienes afectados eran propiedad federal y por ello “las controversias que se susciten con motivo de la interpretación y cumplimiento de estos contratos y convenios serán resueltos por los tribunales federales.

Por tanto, los recursos económicos fueron otorgados mediante el convenio para el otorgamiento de subsidios celebrado entre el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Estado de Chihuahua, por conducto de sus representantes, por lo que en términos de lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, esos recursos mantienen su naturaleza jurídica de federales, de ahí que en el caso se actualice la competencia del orden federal, acorde a lo dispuesto por el artículo 50, fracción I, inciso e de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, refiere la sentencia judicial, que debe ser cumplida por las autoridades de Chihuahua.