En el debate de los candidatos a la Presidencia de la República celebrado en Tijuana, Baja California, el abanderado del PRI, José Antonio Meade, sacó una ficha que llevaba entre sus apuntes y leyó un fragmento de lo que, aseguró, es parte del expediente judicial del caso Nestora Salgado. En el párrafo leído, la madre de una joven presuntamente secuestrada por la entonces comandanta de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero, asegura que Salgado le pidió 5 mil pesos a cambio de entregarle a su hija.

Meade remató su intervención señalando a la guerrerense como secuestradora.

Lo que Meade no mencionó, y lo que omiten reiteradamente sus voceros oficiales y oficiosos en la tormenta de medios que se generó acerca del tema, es que ese testimonio –y otros similares– fueron desechados por el juez ante las pruebas de descargo que anularon esos dichos. Eso permitió que en la sentencia se resolviera dejar libre a Nestora Salgado por no acreditarse el delito.

Estas pruebas son cuatro cartas firmadas el 10 de junio de 2013 por cuatro madres, entre ellas Susana Baltazar Sosa, a quien cita Meade sin mencionar su nombre, que aceptan, de común acuerdo con la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), permitir el resguardo de sus hijas con fines de reducación en las llamadas Casas de Justicia que la CRAC mantenía en distintas localidades de La Montaña de Guerrero.

En cada uno de estos documentos, en hojas membretadas del Consejo Social Olinalteco, cuatro mujeres, cuyas hijas fueron rescatadas por la comandante Nestora de una red que las explotaba sexualmente, suscriben de común acuerdo de nuestra plática relacionada con sus tres respectivas hijas para la reducación en cualquiera de las cuatro Casas de Justicia.

Se aclara: de antemano notificamos que la reducación es para beneficio personal, familiar y de la sociedad. Firman la misiva, además de las interesadas, Nestora Salgado, en su calidad de coordinadora de la CRAC, y el secretario Miguel Zapoteco.

Cinco años después, la hoy candidata de Morena en la lista plurinominal para el Senado de la República, expresa: Ahora me doy cuenta que caí en una trampa que me tendieron desde el gobierno para desbaratar todo el proyecto de la CRAC y para destruirme a mí.

La lideresa de Olinalá recuerda bien el día en que las madres de las muchachas fueron a pedirle apoyo a las oficinas de la policía comunitaria. Cuenta que llevaban tres días fuera del pueblo y las mamás no sabían nada de ellas. Y que ella alertó a todas las unidades de la policía comunitaria de la región hasta que fueron localizadas en Huamuxtitlán y regresadas a Olinalá.

“Fui yo quien llamé a las señoras: ‘ya están aquí sus hijas, vengan por ellas’.”

Entonces se celebró esa reunión durante la cual las señoras confesaron que ya no podían controlar a las jóvenes, que andaban de novias con delincuentes que vendían droga y las llevaban a Tulcingo a prostituirlas. Las mamás fueron las que me pidieron que las lleváramos a reducación.

Después cambiaron su versión. La señora Susana Baltazar me fue a ver y me contó que el presidente municipal de entonces, Eusebio González, que estaba contra la CRAC, les ofreció 20 mil pesos y becas a cambio de que me acusaran de secuestro.

Al final, las cuatro madres le dieron la espalda y sus acusaciones permitieron a las autoridades mantener a Salgado presa durante dos años siete meses.

En el transcurso del juicio, cuando era evidente que la fabricación de delitos contra Nestora no podía prosperar, la ofensiva arreció de la mano de la presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, y el ex subprocurador de Averiguaciones Previas de Guerrero (abogado de dueños de bares y giros negros) Ricardo Martínez Chávez. Y desde los medios, del publicista Carlos Alazraki, quien hoy tiene a su cargo proyectar la imagen del candidato Meade.

En enero de 2015 Miranda de Wallace trajo a México a la señora Susana Baltazar y a su hija Ruby, la presunta secuestrada, para una serie de apariciones mediáticas.

Curiosamente, ni estas dos presuntas víctimas ni las demás jóvenes o sus madres acudieron a ratificar judicialmente sus declaraciones a ninguna de las más de 15 audiencias judiciales del caso Nestora a las que fueron citadas.