l 14 de mayo fue encontrado en Cuetzalan, Puebla, el cuerpo sin vida, apuñalado, del dirigente campesino Manuel Gaspar Rodríguez. Había recibido amenazas telefónicas desde hacia varios años, siempre relacionadas con causas de la defensa del territorio en la región. Como su cuerpo fue encontrado en un motel de esta ciudad serrana, se puede prever que las autoridades configuran el hecho como un crimen pasional.

El hecho forma parte de un conjunto de actos de violencia contra los defensores de su territorio que no sólo son asesinatos viles, como éste o como el de Antonio Esteban, hace pocos años, sino atentados tales como los disparos a los vehículos de otros miembros de organizaciones sociales que luchan por la misma causa, persecuciones, acosos de todo tipo, campañas difamatorias en la prensa local y regional. También existe una acusación hecha por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra defensores de su vida y su entorno natural, por haberse opuesto con todos los recursos de la ley a la instalación de una subestación eléctrica y la línea de alta tensión que la abastecería, obra que era a todas luces para suministrar energía a las mineras a cielo abierto de hidroeléctricas que pretenden ser instaladas en esta parte de la Sierra Madre Oriental, y a las que se oponen miles de indígenas y otros campesinos por medio de diferentes recursos. Manuel Gaspar estaba entre los nueve indiciados en la carpeta de investigación promovida por la CFE.

Lo que hay detrás de todo esto es una sorda y cada vez más ríspida disputa por el territorio, del que forman parte y les pertenece a los lugareños, pero que les quiere ser arrebatado por grandes corporaciones extranjeras y nacionales que tienen el propósito de hacer crecer sus ganancias a costa del medio ambiente y la cultura locales. Total, estos empresarios no viven allí y sus accionistas ni saben donde se invierte su dinero. La codicia es el leitmotiv. Las afectaciones que estas obras ocasionarían al medio ambiente y a la sociedad que lo habita son fácilmente documentables, con los ejemplos que vemos en las minas a tajo abierto existentes en Guerrero, Zacatecas y otras partes del país; no tiene justificación humanista una hidroeléctrica que desaparece un río, como el Apulco-Tecolutla, por más de 26 kilómetros para generar la energía que demandan las mineras. Esto no puede avalarse al amparo de un ecologismo verde hecho para deducir impuestos a empresas como Wall Mart o el Grupo Carso, bajo la coartada de generar energía limpia.

Los llamados Pidiregas (Proyecto de Inversión de Infraestructura Productiva con Registro Diferido en el Gasto Público) son la instrumentación mexicana del bien conocido neoliberalismo, pero de compadres, diría Stiglitz. Detrás de cada uno de estos proyectos está algún funcionario en turno, que después, más allá de su periodo de gestión, abrevará de las ganancias que el mismo reporte. Ejemplos, sobran. La presión que hoy se ejerce sobre estos defensores de su territorio obedece al temor –plenamente explicable, por otro lado– de que el sexenio se acaba y el PRI no seguirá gobernando el país; más aún, hay la esperanza –no se puede decir que la certeza– de que, si gana López Obrador, estos procesos de privatización se anulen o hasta se reviertan.

Tanto Manuel Gaspar como Antonio Esteban pertenecían a la organización Miocup-CNPA-MN, pero el asedio a las organizaciones sociales que se han empeñado en no permitir el saqueo abarca un ámbito mayor. Uno de los objetivos del acoso es la organización que se llama Comité del Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan (COTIC), cuerpo representativo de la sociedad cuetzalteca, derivado de los ordenamientos Ecológico y Urbano, hechos y vigilados armónicamente por este comité. De los nueve indiciados por la PGR-CFE, cinco pertenecen a esta organización, misma que está debidamente registrada por el ayuntamiento local y hasta en el Periódico Oficial del Estado, e incluso la Semarnat tiene a este ordenamiento consignado en su página de Internet.

A estos y otros integrantes del COTIC se les ha perseguido en sus trabajos y hogares, se les amenaza continuamente, se les roban los recursos de sus cooperativas y hasta se ha atentado contra sus vidas en la carretera, disparándoles en su trayecto. No es la delincuencia convencional, es un ataque dirigido y continuo, oficial y extraoficial. En particular, hay una presión muy preocupante contra la Unión de Cooperativas Indígenas Tosepan Titataniske, que forma parte del COTIC, hacia quienes han lanzado una campaña de infundios en la prensa local, focalizándola contra su dirigente, Álvaro Aguilar Ayón, pero también ha sido víctima de robos en sus bienes, acoso en sus hogares y trabajos y amenazas diversas.

No es admisible que estos hechos pasen desapercibidos, por más que ahora los reflectores estén concentrados en el proceso electoral. Por desgracia, hay poca claridad en la discusión comicial sobre estos temas, que en realidad son los que debieran estar entre los temas principales a debatir.