Bancos, aseguradoras y fondos de pensión que operan desde México deberán abstenerse de realizar operaciones con cualquier entidad pública venezolana. Ello incluye las operaciones de comercio exterior, así como las transacciones relacionadas con bienes militares y de seguridad. La advertencia fue declarada ayer por autoridades financieras mexicanas, dos días después que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto desconoció la legitimidad de la elección presidencial del domingo pasado en el país sudamericano.

Las autoridades financieras advierten a las entidades que operen al amparo de la legislación mexicana en la materia sobre los riesgos de celebrar operaciones con personas o sujetos cuya autoridad emane de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, el órgano que en enero pasado convocó a elección presidencial anticipada en aquel país, realizadas el domingo pasado y en las que el presidente Nicolás Maduro resultó relecto.

El lunes pasado, la Cancillería mexicana desconoció la legitimidad de las elecciones realizadas en Venezuela por no cumplir con los estándares internacionales de un proceso democrático, libre, justo y transparente, a la par que determinó llamar a consultas a la embajadora de México en ese país, Eréndira Campos.

En un anuncio efectuado ayer, que no tiene precedente, las autoridades financieras que dependen del Ejecutivo mexicano advirtieron a intermediarios financieros de abstenerse de realizar operaciones con cualquier persona o entidad venezolana que ejerza alguna función emanada de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, instancia legislativa que sustituyó a un organismo que era dominado por la oposición a Maduro.

La advertencia de las autoridades mexicanas está contenida en un comunicado de la Secretaría de Hacienda y de las comisiones nacionales Bancaria y de Valores (CNBV), de Seguros y Fianzas (CNSF) y del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), responsables de regular, respectivamente, al sistema bancario y bursátil; al de firmas afianzadoras y aseguradoras; y a las gestoras de los fondos para el retiro.

Las autoridades mexicanas advirtieron a los intermediarios que operan desde territorio nacional que realizar operaciones con funcionarios, diplomáticos, legisladores o empresarios cuya actividad emane de un acto de la Asamblea Constituyente de Venezuela podría ser violatorio de la normatividad que les resulta aplicable a dichas entidades y poner en riesgo la consecución de las operaciones celebradas, en perjuicio del público en general.

En el comunicado se indica que las autoridades mexicanas se encuentran evaluando las medidas que habrán de adoptar respecto de aquellas entidades que tengan o celebren operaciones con instancias venezolanas.

Las autoridades financieras mexicanas argumentaron que actos realizados por la Asamblea Nacional Constituyente –favorable a Maduro– relacionados con la contratación de deuda pública, la autorización de créditos adicionales al presupuesto nacional y la celebración de contratos por parte de los gobiernos federal, estatales y municipales de ese país con Estados o entidades extranjeros o con sociedades con domicilio fuera de Venezuela son inválidos, según una opinión emitida, a petición de México y Perú, por el consejo general de la Organización de Estados Americanos (OEA).