Las autoridades federales no han entregado a la Ciudad de México los recursos procedentes de las donaciones que gobiernos extranjeros le entregaron para apoyar a los damnificados de los sismos de septiembre pasado, señaló la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos capitalina (CDHDF), Nashieli Ramírez.

En la firma de un convenio de colaboración con la Escuela de Administración Pública pidió preguntar al gobierno federal qué pasó con ese dinero, porque, la verdad, no lo hemos recibido y hasta en la información de reconstrucción se puso una pestaña especial.

La cantidad que aparece ahí es muy poquita, no llega a 100 millones de pesos, no es nada, y lo que recuperaron eran como 20 millones, que se utilizaron para la reconstrucción en algunas zonas de Xochimilco en coordinación con el Grupo Carso.

Comentó que faltaban alrededor de 13 mil pesos de justificar dónde los estaban aplicando, pero la ciudad no recibió de la Federación lo que gobiernos extranjeros, por lo menos, mandaron al país para apoyar a los damnificados.

A más de ocho meses del sismo, lo peor es que el programa de reconstrucción no aterriza, sigue parado. Ni siquiera podemos decir que se está haciendo uso político, porque no se están aplicando recursos y la incertidumbre entre la gente crece, señaló.

La CDHDF, recordó, funge como observadora de la Comisión de Reconstrucción y da seguimiento a lo que hace, y estamos a la espera de que actúe; aunque, paralelamente, se elabora un informe del caso.

Hasta el momento se tienen 178 quejas acumuladas ante la incertidumbre de la gente de qué pasará con su hogar; no tiene certeza jurídica, sobre todo la de la tercera edad, la cual ha empezado a vender sus cosas para salir adelante.

Señaló que más de una tercera parte de esas quejas son de adultos mayores, quienes son una población de atención prioritaria y vamos a defender que sean sujetos de subsidio, que entren en el fondo de los 2 mil millones de pesos que se plantea.

Mencionó que todas las quejas son investigadas y se está en un proceso muy rápido de integración del informe de reconstrucción, el cual contendrá un capítulo relacionado con adultos mayores.

Por otra parte, informó que se tienen 141 procesos contra autoridades y servidores públicos que deben entrar al orden penal, por violar el debido proceso, la integridad personal o por detenciones arbitrarias, de los cuales 82 se vincularon a expedientes de queja.