La caravana que acompaña en el estado de Guerrero a Nestora Salgado, candidata al Senado por Morena y fundadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, denunció que las autoridades federales han sido omisas en su deber de brindarles seguridad durante su paso por dicha entidad, pese a saber que la luchadora social está amenazada de muerte y que, por tanto, su vida y la de sus simpatizantes podría correr peligro.

Neftalí Granados, economista y defensor de derechos humanos, explicó en entrevista con La Jornada que, frente a las intimidaciones sufridas por Salgado para disuadirla de que visitara Guerrero, su equipo dirigió una serie de escritos a diversas instituciones para advertirles del posible riesgo de sufrir un ataque, entre ellas al Instituto Nacional Electoral y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

De igual manera, notificó de las amenazas de muerte a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República. Dichas instituciones, a su vez, enviaron una solicitud a la Secretaría de Gobernación para que activara el protocolo de seguridad destinado a candidatos a puestos de elección popular.

Sin embargo, las autoridades federales únicamente enviaron a custodiar a la caravana a cinco agentes vestidos de civil y sin vehículo, lo cual fue rechazado y calificado por los acompañantes de Salgado como un acto de omisión, pues no se cumplía con la intención de dejar claro que iban protegidos y de esa forma disuadir a potenciales atacantes.

Los únicos que respondieron al llamado de protección, indicó Granados, fueron grupos de Policía Comunitaria que han custodiado a la luchadora social en el contexto de las facultades que les otorga la ley 701 del estado de Guerrero, cuyo artículo 37 reconoce explícitamente el derecho de formar cuerpos comunitarios de seguridad.