A más de seis años de la masacre de Cadereyta, en la cual fueron encontradas 49 personas decapitadas y desmembradas en una carretera de ese municipio de Nuevo León, ni las autoridades federales ni las estatales han hecho avances en sus indagatorias, y tampoco han permitido a los familiares de las víctimas obtener una copia de las mismas, indicó la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD).

Mediante un comunicado, el organismo civil recordó que la madrugada del 13 de mayo de 2012 elementos del Ejército Mexicano encontraron en la carretera Monterrey-Reynosa los cuerpos de 49 personas brutalmente asesinadas, entre las cuales sólo se ha identificado hasta ahora a 13 migrantes centroamericanos.

Sin embargo, ni la Procuraduría General de la República (PGR) ni la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León (PGJNL) han avanzado en sus respectivas investigaciones ni han consignado a ningún presunto responsable por esos hechos.

Además de ello, las autoridades federales y las de los estados de Nuevo León y Tamaulipas no han cumplido uno solo de los puntos de la recomendación 8VG/2017, elaborada hace ya siete meses por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la cual calificó lo ocurrido como una violación grave a las garantías básicas.

Ante dicho escenario, la FJEDD interpuso en 2016 un amparo contra la negativa de expedición de copias de la averiguación previa de la PGR, y aunque fue concedido, en las copias entregadas se testó de forma deliberada la información sustancial de las actuaciones relacionada con los servidores públicos involucrados, el lugar del crimen y las víctimas.

En el mismo sentido, la PGR y la PGJNL han estado realizando desde 2012 diversos trabajos de investigación sobre los hechos, pero a la fecha se desconoce cómo y por qué sucedieron, y quiénes los llevaron a cabo, dejando a los familiares de las víctimas en estado de indefensión e impotencia.

Ante la falta de avances, los familiares de las personas asesinadas y la FJEDD presentaron ante las autoridades un peritaje elaborado por dos expertos internacionales, del cual derivaron 108 recomendaciones específicas y 12 generales, destinadas a orientar y perfeccionar las acciones de investigación, pero dichas observaciones tampoco han sido consideradas.

Por todo ello, la organización hizo un llamdo urgente a la PGR a que investigue de manera eficiente los hechos, y llamó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a diseñar –junto con los familiares– un mecanismo de reparación integral que incluya medidas que reivindiquen el honor y la dignidad de las víctimas, así como acciones para evitar que hechos como esos se repitan.