Los males del país, como la corrupción y la impunidad, no desaparecen con buenos deseos, sino con instituciones que garanticen el cumplimiento de la ley, aseguró el presidente Enrique Peña Nieto, al promulgar la Ley General de Mejora Regulatoria.

La impunidad y la corrupción se incrustan en la sociedad cuando sus instituciones son débiles o deficientes; esos males no desaparecen con buenos deseos, sino con instituciones que garanticen el cumplimiento de la ley, insistió.

La nueva norma, aseveró, es un antídoto contra la poca transparencia o la opacidad, contra la corrupción, contra la arbitrariedad, contra la ineficacia, contra la incongruencia y la falta de ética en el servicio público.

“Hoy –agregó–, con su promulgación, fortalecemos el marco jurídico que protege a la ciudadanía ante acciones improvisadas, inconexas y a veces caprichosas de la autoridad.

Peña Nieto dijo en su mensaje que esta ley, sobre todo, empodera al ciudadano brindándole certeza jurídica en los tiempos, procedimientos y costos de los trámites que deba realizar ante los tres órdenes de gobierno.

Destacó que es una norma de cumplimiento obligatorio en todos los niveles de gobierno, que logra simplificación de trámites y costos para hacer los procesos más baratos y más fáciles.

“México –explicó– se ubica ya en el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) al reducir la carga regulatoria de 4.25 a 2.58 por ciento respecto del producto interno bruto (PIB).

Qué significa esto? Para ponerlo en términos mucho más prácticos o más bien en palabras que signifiquen mayor elemento y mayor beneficio para la población, que ha habido ahorros estimados de más de 200 mil millones de pesos que los mexicanos han dejado de pagar por los trámites que realizan en el orden federal, señaló el mandatario.

“Como todos sabemos –puntualizó el jefe del Ejecutivo–, la estabilidad y la confianza se logran con acciones y con hechos, no con promesas o con buenas intenciones”.

El país, afirmó, da un paso decisivo para abatir su rezago regulatorio y transitar de un enfoque federal a una auténtica visión nacional con la activa participación de la sociedad.

Después puntualizó los ejes centrales de la nueva ley:

Primero, se eleva a rango de política de Estado la mejora regulatoria, lo cual obliga a las autoridades a perfeccionar sus normas, simplificar trámites y mejorar servicios.

Segundo, se crea el Sistema Nacional de Mejora Regulatoria, que vinculará a todas las autoridades públicas para que compartan una metodología común. Por tanto, se crean 32 sistemas estatales y hace nacional a la actual comisión federal, ordenador de todo el sistema en la materia.

El tercer eje es la creación de un portal de Internet el cual contendrá todos los requisitos federales, estatales y municipales; habrá un expediente único para que los usuarios no tengan que volver a entregar documentos requeridos previamente.

El cuarto eje tiene que ver con involucrar a la sociedad para que vigile el cumplimiento del nuevo ordenamiento. Para ello se creará un observatorio nacional de mejora regulatoria.

Con base en lo anterior, el mandatario dijo que el Sistema Nacional de Mejora Regulatoria será, junto con el Sistema Nacional Anticorrupción y el Nacional de Transparencia, uno de los pilares del servicio público en este siglo.

Es un avance en la dirección correcta en el que sin duda hay mucho por hacer, pero hoy se ponen los cimientos y se sientan las bases para ir ordenando todo lo que tiene que ver con la regulación que hay en todo el país en todos los poderes, en los distintos órdenes de gobierno, dijo.

Señaló que un gobierno fuerte no es sinónimo de un gobierno omnipresente, sino de un gobierno ágil, moderno y eficaz.

Ante dirigentes de organismos empresariales, funcionarios, legisladores y el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Arturo Núñez, el Presidente felicitó a diputados y senadores.

Hace tres semanas el Congreso de la Unión aprobó esta ley general con el respaldo de las principales fuerzas políticas del país, precisó.

Por ello, el mandatario reconoció la tarea de los legisladores por este paso que sienta bases bien importantes para lograr que los mexicanos paguen menos a la hora de realizar trámites.

Hizo extensiva esta felicitación a los integrantes de la academia, las cámaras empresariales y organizaciones de la sociedad civil que enriquecieron dicha norma con sus opiniones, propuestas y experiencias.

Información de la Presidencia de la República indica que en México hay un problema de sobrerregulación; en los tres órdenes de gobierno existen 150 mil regulaciones y 130 mil trámites.

El costo de la regulación equivale a 8 por ciento del PIB, esto es, unos 165 mil millones de pesos. En 2013 el costo del cumplimiento de los trámites y servicios federales era de 4.52 por ciento del PIB, de ahí que el objetivo de la presente administración es disminuir 25 por ciento la carga regulatoria. A la fecha, indica la ficha informativa, se logró reducir a 2.68 por ciento del PIB.

En su intervención, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dio la bienvenida a la ley general. Dijo que la mejor ayuda de los gobiernos es eliminar los trámites ineficientes y simplificar los que sí son necesarios.

Pidió a los gobiernos estatales y municipales hacer lo propio, porque sólo ocho estados tienen una política de mejora regulatoria sustentada en su Constitución, y de los municipios capitales, sólo seis tienen alguna disposición similar. Es el tiempo que nos exige unidad hacia el futuro, dijo.