a obsesión del Kremlin, concentrada en sus múltiples servicios secretos, por encontrar culpables –como escarmiento para cualquiera que se atreva a expresar inconformidad con su política– estuvo a punto de convertir en chivo expiatorio, mediante una tan arbitraria como ejemplar condena a varios años de prisión, a Dimitri Bogatov, joven profesor de matemáticas en Moscú, quien esta semana fue exonerado de toda culpa.

Un año y un mes después de haberlo detenido como presunto incitador a participar en la manifestación no autorizada del 2 de abril de 2017 y a realizar disturbios durante la misma, el Comité de Instrucción de Rusia (CIR) sobreseyó la causa penal contra Bogatov, tras reconocer –en un inusual acto de elemental justicia– que no hay delito que perseguir en relación con él.

Mientras el CIR llegaba a esa conclusión, Bogatov tuvo que permanecer tres meses entre rejas y luego estar ocho meses bajo arresto domiciliario y dos meses en libertad provisional en espera de juicio. En medio de una amplia campaña internacional que demandaba su libertad, la acusación no pudo rebatir los argumentos de la defensa, que demostró la inocencia de su cliente, y al final se impuso el sentido común.

Bogatov, detenido al azar por administrar un nodo de la red de anonimato Tor, que protege la privacidad de los usuarios, no utilizó su computadora ni ningún otro dispositivo a la hora en que el CIR, basándose en la dirección IP que identifica el equipo desde el que un tal Airat Bashirov envió el mensaje que quisieron atribuirle a Bogatov como prueba de su supuesta culpabilidad. Hasta la unidad de delitos informáticos del Ministerio del Interior de Rusia, tras ocho meses de analizar todos los equipos requisados a Bogatov, dio la razón a la defensa del joven matemático.

Por las características de funcionamiento de Tor –siglas en inglés de The Onion Router, en sentido literal El Enrutador de la Cebolla por la manera que oculta la identidad de quienes lo usan–, Airat Bashirov pudo haber sido cualquiera de las más de 100 personas que, desde diferentes países, usaron el nodo de Bogatov, con una misma dirección IP, en el momento de instar a participar en la manifestación no autorizada.

A la vez, sin tener la certeza de que Bogatov mandó el mensaje, es una aberración legal deducir que su intención era causar disturbios y, lo que resulta aún más grave, endosarle como hecho probado un delito de extremismo que implica una pena de varios años de cárcel.

El caso de Bogatov es un pequeño triunfo de la sociedad civil en la ya larga batalla que libra con los servicios secretos rusos, que intentan por todos los medios –con métodos de intromisión al margen de la ley tan censurables como los que usan sus colegas en otros países–, tener acceso y controlar los comunicaciones privadas de sus ciudadanos en Internet.

Por lo mismo, a regañadientes y con tardanza, admiten su error de querer inculpar a Dimitri Bogatov, pero no renuncian a seguir buscando a otros presuntos culpables.