Los obligan a desalojar barcaza y los acusan de imprudencia
Sábado 19 de mayo de 2018, p. 25
Ciudad del Carmen, Camp.
Después de 96 horas en huelga de hambre para exigir el pago de sus salarios retenidos desde abril de 2017, este viernes cuatro tripulantes de la barcaza DLB-801 propiedad de Oceanografía, del empresario Amado Yáñez Osuna, fueron despedidos y desalojados de la embarcación.
Los huelguistas Daniel Jerónimo Hernández, Efraín González López, Hugo Morales Carrillo y Mardonio Flores Almanza, que iniciaron su ayuno el pasado 15 de mayo, fueron cesados por el jefe de recursos humanos de Oceanografía, Joaquín García Gómez, acusados de imprudencia y descuido inexplicable
.
Los obreros se quejan de que desde hace más de un año no les pagan sus sueldos ni les dan recursos para mantener a flote esa embarcación, ubicada frente al malecón de Ciudad del Carmen.
Los trabajadores despedidos se negaron a firmar el documento y exigieron la intervención de las autoridad laboral para verificar las anomalías en que incurre la empresa de Yáñez Osuna, quien más contratos recibió de Petróleos Mexicanos en los gobiernos de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, y que estuvo envuelta en escándalos de corrupción.
Yáñez Osuna dejó en el abandono a más de 4 mil empleados de sus compañías, pese a que ha obtenido varios fallos a favor para rescatar y vender los barcos que le aseguraron en 2014.
Por otra parte, tres líderes de los ex trabajadores de Oceanografía fueron agredidos con arma punzocortante cuando acudieron a las oficinas a recibir un apoyo que se entregaría para la cremación de José Maximino Pérez Sánchez, fallecido en el área de Playa Norte, por paro cardiaco.
La agresión fue denunciada por Elías Marín, quien responsabilizó de estas acciones a Joaquín García, directivo de la empresa, encargado de entregar el apoyo para los gastos funerarios.
Como parte de las irregularidades alrededor de Oceanografía, la noche del miércoles se incendió el patio de maniobras La Boshera donde resguardaban equipo y maquinaria que al parecer estaba asegurada por la Procuraduría General de la República.