on dos carriles: la violencia creciente contra candidatos y políticos, al extremo del homicidio, y la difusión propagandística de escenarios poselectorales por temer. Es una combinación de lo peor del 2006 calderonista (el peligro para México) y el 2017 mexiquense (el más alto nivel de mafiosidad para imponer un fraude electoral), con el aderezo del crimen organizado, que en este 2018 ya está jugando un papel importante para inhibir a algunos partidos y candidatos y financiar e impulsar a otros.

Ayer, el secretario federal de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, admitió la gravedad de lo que está sucediendo (aunque esa aceptación, en labios de un funcionario que representa todo el estilo atlacomulquense, podría generar más preocupación que seguridad). El gobierno de la República, dijo el pomposo declarante, condena enérgicamente las agresiones a candidatos y actores políticos, y les ofrece garantías de que podrán realizar sus campañas y actividades políticas y electorales en condiciones de certeza y seguridad.

El tema es muy preocupante, porque han ido escalando esas agresiones contra candidatos. En Tenango del Aire, estado de México, y en Apaseo el Alto, Guanajuato, dos candidatos de Morena y sus partidos aliados fueron asesinados, y en Guerrero un priísta que aspiraba a ser diputado también fue ejecutado. De diversas maneras, en medios de comunicación masiva y en redes sociales, se ha hablado de los riesgos de atentados políticos, en específico contra Andrés Manuel López Obrador, quien se ha negado tajantemente a contar con algún servicio de seguridad, aun cuando las multitudinarias concentraciones alrededor de él, por sí mismas, requerirían un esfuerzo sensato de organización y cuidado.

La pinza del miedo como escenario electoral se completa con la incesante campaña propagandística contra López Obrador, tratando de crear un polo de opinión contraria a él, que pueda facilitar el tejido de una historia política de voto útil en favor de José Antonio Meade o Ricardo Anaya, si es que prosperan las presiones de las cúpulas nacionales en pro de un solo candidato antipejista.

A reserva del desenlace del debate entre candidatos a gobernar Jalisco, en esta entidad todo parece dispuesto para que el ganador sea Enrique Alfaro, ex priísta y ex aliado del jefe del Grupo Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla, quien ahora ha negociado con este mismo, con los Chuchos perredistas y con parte del panismo (con Ricardo Anaya, en lo nacional; con la corriente del ex gobernador Emilio González Márquez, en lo estatal) para presentar un frente que parece imbatible.

Postulado por Movimiento Ciudadano, virtualmente la única plaza importante que le va quedando al partido dirigido por Dante Delgado, Enrique Alfaro no tiene contrincantes verdaderos: el PRI ha puesto a Miguel Castro Reynoso como abanderado, pero lleva al gobernador en funciones, Aristóteles Sandoval, como lastre insalvable; el PAN presenta a Miguel Ángel Martínez Espinosa, pero es sabido que Ricardo Anaya apoya a Alfaro, aunque por razones tácticas en Jalisco no hubo coalición, y Morena tiene una pieza que no prende: Carlos Lomelí.

López Obrador se comprometió a dar marcha atrás a la llamada reforma educativa. Lo hizo en Guelatao, pero el significado fue más allá de lo juarista: Oaxaca es territorio de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y, desde ese control regional institucional, es sustento principal de la disidencia magisterial agrupada en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

La oferta de revertir el proceso encabezado por Aurelio Nuño y tan defendido por Enrique Peña Nieto ha provocado de inmediato reacciones adversas de sus opositores en la búsqueda de presidir el país, y también de organizaciones como las encabezadas por Claudio X. González.

Hoy, a las 10 de la mañana, diversas organizaciones sociales y ciudadanos en lo particular se manifestarán a las afueras de las oficinas centrales del Partido Acción Nacional, al sur de Ciudad de México. La protesta no se refiere a la temporada electoral. La movilización es para denunciar al gobernador panista de Baja California, Francisco Vega, apodado Kiko, y para exigir que sea liberado León Sedov Fierro Reséndiz, activista en contra de la instalación de una cervecera, Constellation Brands, en la capital de Baja California.

Dicha empresa es la tercera en importancia en Estados Unidos en el ramo cervecero, y tiene la concesión del uso en ese país de las marcas Corona, Modelo, Pacífico y Victoria. La construcción de una planta en Mexicali provocó movilizaciones y protestas en defensa del agua, al considerar que proyectos como el de Constellation Brands son depredadores. El 21 de marzo de este año, la trasnacional anunció que cancelaba el proyecto en Mexicali, en el que habría de invertir 900 millones de dólares, y lo trasladaría a Ciudad Obregón, Sonora, donde ya tiene una planta en funcionamiento.

Como si fuera venganza, el activista Fierro fue detenido bajo acusaciones que luego han sido reclasificadas en la tipología penal. Ha de recordarse que el dirigente de la organización Mexicali Resiste también participó en las fuertes protestas contra el llamado gasolinazo. A juicio de parte de los mexicalenses, ahora es un preso político, bajo consignas giradas por el gobernador Vega, el más reciente de los panistas que desde hace décadas mantienen el poder en Baja California. Por ello se han trasladado las protestas a las puertas de las oficinas nacionales del PAN, en el contexto de una jornada nacional e internacional de defensa del agua y de exigencia de libertad a León Fierro.

Y, mientras continúa la danza de las encuestas, cada vez más encaminadas en lo general a dar por acortada la distancia entre AMLO y Ricardo Anaya, e incluso manteniendo a José Antonio Meade en menguadas pero subsistentes condiciones de competencia, ¡hasta mañana!

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