Aunque ha habido avances importantes en la conformación de los sistemas anticorrupción a escala local, todavía existen rezagos en la mayoría de los estados y un nivel muy desigual de desarrollo entre entidades federativas, debido a que cada una de ellas decide libremente su estructura normativa y su presupuesto.

Así lo indicó el secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (Sesna), Ricardo Salgado Perrilliat, quien subrayó que a pesar de los faltantes en dicho aparato, ya existe un camino trazado y una agenda de reuniones entre los servidores públicos que en este momento ocupan sus cargos.

En entrevista con La Jornada, el funcionario abordó el tema de la conformación de la Plataforma Digital Nacional y de la Política Nacional Anticorrupción –a las que definió como tareas de largo plazo que ya se están elaborando– y señaló que la ausencia del fiscal anticorrupción y los 18 magistrados especializados en ele tema es sensible, pero no paraliza las actividades del gobierno en ese ámbito.

De acuerdo con cifras del Sesna actualizadas al 4 de mayo, indicó Salgado, un total de 15 estados ya terminaron de instalar la estructura operativa de sus respectivos sistemas (con excepción del fiscal anticorrupción), 21 tienen un comité de participación ciudadana, 19 tienen un comité coordinador y 27 tienen un comité de selección.

Sin embargo, sigue habiendo entidades cuyo nivel de avance en este terreno aún es menor, como Campeche, Guerrero y Tlaxcala, que ni siquiera han emitido la convocatoria para la integración de su comité de selección.

La actualización del marco jurídico es quizá el ámbito en el que se registran más logros, puesto que el 100 por ciento de las entidades ya reformaron su Constitución y tienen una ley estatal anticorrupción, además de que 31 de ellas tienen una Ley de Extinción de Dominio y 30 cuentan con una Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa.

Un aspecto en donde queda de manifiesto el nivel desigual de avance entre los estados es el del presupuesto, ya que mientras el Sesna tiene fondos para 2018 por 172 millones de pesos, hay estados como Baja California Sur que sólo tiene 2.5 millones, o Colima, con 2.6.

Además de ello, la mitad de las entidades federativas no asignaron un solo peso a sus sistemas anticorrupción (Aguscalientes, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, estado de México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

La razón de esta disparidad, afirmó Salgado, es que cada entidad es libre y soberana y puede diseñar sus legislaciones en los términos que considere pertinentes, lo cual ha llevado a que incluso el número de empleados de cada sistema local anticorrupción sea distinto.

Consultado sobre el tema de que el Senado aún no designa al fiscal anticorrupción ni ha ratificado a los 18 magistrados especializados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el titular del Sesna consideró que si bien ya es necesario cubrir ya esos faltantes, en este momento hay otros funcionarios que realizan su trabajo, por lo que la labor de las instituciones no se ha detenido.

Con respecto a la Plataforma Digital Nacional, Salgado puntualizó que su conformación es un proyecto a largo plazo, donde ya se está analizando la forma de hacer interactuar las bases de datos de organismos como la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, entre otros.

Dijo que la Política Digital Nacional también está en proceso de formación, con los insumos que han obtenido tanto el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción como la Red por la Rendición de Cuentas, mediante diversos foros de debate sobre el tema.