El Sindicato Nacional Minero prepara un jucio de amparo contra la resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) que lo obliga a pagar 55 millones de dólares a un grupo de trabajadores, sin considerar que ya se cubrió parte de esa suma a los sindicalistas que les correspondía.

De acuerdo con Carlos de Buen y Óscar Alzaga, asesores jurídicos del sindicato encabezado por Napoleón Gómez Urrutia, se trata de una resolución que contiene diversas irregularidades, criterios ilegales y arbitrarios para favorecer a Grupo México, el consorcio minero que está detrás de ese conflicto desde 2005.

De Buen señaló que en una primera revisión encontraron que la junta resolvió, de forma indebida, obligar al sindicato a repartir la totalidad de los 55 millones de dólares entre una parte de los demandados, sin tomar en cuenta que de forma voluntaria se entregaron 23 millones de dólares a 5 mil 220 trabajadores.

Explicó que Grupo México entregó esos recursos al sindicato minero, luego de 15 años de una batalla legal que finalmente ganó el organismo, con Gómez Urrutia a la cabeza. Desde un principio quedó claro que el dinero era para ese organismo gremial y se integraron en un fideicomiso, pero en asamblea general se decidió repartir parte de ellos, proceso que se detuvo cuando comenzaron a presentarse miles de demandas promovidas por Germán Larrea, recalcó.

En el laudo, la junta señala una obligación absolutamente genérica, como si se tratara de recursos contractuales y no de fondos sindicales. De Buen agregó que otra irregularidad es la decisión de la JFCA de desagregar los juicios que inicialmente había acumulado, lo cual es una violación grave, ya que las juntas de conciliación tienen prohibido revocar sus resoluciones.

Consideró que la JFCA desagregó las demandas recientes para agilizar el procedimiento y poder así emitir el laudo en estos momentos.

Por su parte, Alzaga explicó que casualmente la JFCA dejó de considerar el laudo en el que consta el pago cercano a 23 millones de dólares a 5 mil 202 trabajadores, con el único fin de obligarlos a pagar los 55 millones de dólares.

Dirigencia efímera

Detalló que el laudo sólo consideró tres demandas, las patrocinadas por Grupo México, con los integrantes de Veta de Plata, entre ellos quienes integraron la dirigencia efímera que trató de imponerse a los mineros y que la Secretaría del Trabajo premió con el reconocimiento legal el 17 de febrero de 2006 y fueron echados después por la mayoría de los trabajadores.

Entre los beneficiados por el laudo hay cientos de personas que no son mineros, pero Grupo México les otorgó documentación para acreditarlos como tales y la JFCA lo validó.

Los abogados coincidieron en que ganarán el amparo, dadas las violaciones cometidas por la autoridad laboral.