El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Roberto Campa Cifrián, sostuvo que la reciente resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) contra el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana no tiene nada que ver con cuestiones electorales, sino con justicia para miles de trabajadores que la solicitaban desde 2005. Aseguró que tampoco significa un obstáculo para que Napoleón Gómez Urrrutia pueda seguir siendo candidato a senador.

En entrevista con La Jornada sostuvo que ese laudo, que obliga a ese sindicato a pagar 55 millones de dólares a un grupo de demandantes, estaba listo desde diciembre de 2016, pero la defensa del organismo gremial interpuso diversos recursos ante el Poder Judicial que alargaron el proceso y por ello la resolución no se pudo emitir hasta el pasado miércoles.

Respecto de los señalamientos del Sindicato Minero y de sus asesores jurídicos de que la STPS ordenó a la JFCA emitir ese laudo plagado de irregularidades e impulsado por el empresario Germán Larrea para desacreditar a Gómez Urrutia, Campa Cifrián respondió que están mintiendo y lo saben.

Recalcó: Jamás en la vida me he encontrado con el señor Larrea, jamás lo he visto. Con quien sí se ha reunido, destacó, es con los representantes del gremio minero, a quienes les garantizó que la dependencia actuará siempre en términos de la ley.

Entrevistado en sus oficinas de Paseo de la Reforma, Campa Cifrián manifestó que la JFCA tiene autonomía plena, y la secretaría que él encabeza no interviene en sus determinaciones. Fue notificado del laudo contra el sindicato el pasado miércoles, al igual que las demás partes en conflicto.

–Usted declaró en febrero pasado que no había un laudo contra el sindicato minero que encabeza Gómez Urrutia, ¿cómo se explica que al final sí hubo una resolución condenatoria?

–Los medios habían manejado que existía un laudo y lo que comenté entonces es que no se había emitido ninguno, pero también di cuenta de todos los asuntos que estaban en trámite y dije que conforme fueran concluyendo los procesos que estaban en instancias del Poder Judicial se irían notificando las resoluciones.

El secretario del Trabajo, Roberto Campa, aseguró que la resolución de la autoridad laboral busca hacer justicia a miles de trabajadoresFoto Marco Peláez

El funcionario insistió en que fue la defensa del Sindicato Minero la que impidió que la JFCA fallara en diciembre de 2016, porque interpuso recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no fue hasta abril pasado cuando el máximo tribunal falló en su contra y la autoridad laboral pudo resolver las demandas de justicia de miles de trabajadores.

Acerca de los reclamos del Sindicato Minero por ese fallo, el cual sostiene que la JFCA revocó su propio acuerdo inicial de reunir todos los juicios y lo obliga a pagar 55 millones de dólares –correspondientes a 5 por ciento de las acciones de minera Cananea, que Grupo México le entregó luego de adquirir ese yacimiento de cobre– pese a que ya se entregaron 23 millones a quien correspondía, Campa Cifrián respondió que no va a litigar en los medios los argumentos de la defensa.

No se presentaron pruebas

Agregó que la JFCA tiene convicción plena de que carecen de sustento los cuestionamientos sobre la desagregación de las demandas, además de que el sindicato no presentó pruebas, durante el proceso, de que hayan repartido los recursos.

–Causa por lo menos extrañeza que el laudo se haya emitido en vísperas de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva sobre la candidatura de Gómez Urrutia al Senado –se le dijo.

Su respuesta fue que la JFCA no puede hacer consideraciones políticas ni la cuestión electoral puede ser un factor para que se tome o se evite una decisión que tiene que ver con la justicia.

Puedo decir categóricamente que no hay ninguna motivación vinculada con la justicia. El laudo no influye ni incide en cuestiones electorales y no significa un obstáculo para que Gómez Urrutia pueda seguir siendo candidato.