Un juzgado de distrito con sede en Guanajuato otorgó el amparo interpuesto por diversas organizaciones civiles y de derechos humanos en contra de la Ley de Seguridad Interior (LSI), por considerar que dicha norma es excesivamente vaga en sus conceptos y puede propiciar violaciones a las garantías básicas de los quejosos y de la población en general.

La titular del juzgado noveno de distrito en Guanajuato, Karla María Macías Lovera, concedió el amparo indirecto 73/2018, en donde se advierte que al menos siete artículos de la polémica norma son violatorios de los principios constitucionales y de los derechos humanos.

Lo anterior, luego de que diversos organismos solicitaron el amparo y presentaron un recurso de amicus curiae para sustentar su dicho. Entre los colectivos promotores del juicio se encuentran el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Red en Defensa de los Derechos Digitales y Artículo 19.

En su fallo, la juzgadora estimó que la sola entrada en vigor de las normas impugnadas sí afecta y condiciona conductas inherentes a la actividad de los quejosos como promotores de derechos humanos.

Con base en jurisprudencia e informes de diversos organismos –entre ellos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Corte Europea de Derechos Humanos–, Macías Lovera también indicó que varios artículos de la LSI inhiben el ejercicio de los derechos de acceso a la información, libertad de expresión, reunión, asociación, privacidad y protección de datos personales de quienes promovieron el juicio.

Uno de los puntos más importantes de la sentencia indica que “la vaguedad y falta de identidad conceptual del término ‘seguridad interior’ contraviene los derechos de legalidad y seguridad jurídica de los quejosos”, pues la ausencia de una noción clara sobre el tema impide comprender en qué consiste una amenaza y, por tanto, un riesgo a la seguridad interior.

Además, señala que la falta de claridad sobre en qué momento intervendrán las autoridades, el desconocimiento de qué autoridad será la encargada de aplicar la ley y la falta de parámetros para el uso de la fuerza, genera un estado de incertidumbre y un efecto amedrentador para los quejosos e, incluso, para cualquier persona que se encuentre en el país y que pretenda manifestarse públicamente.

Este es el segundo recurso interpuesto en contra de la LSI que se resuelve en favor de los promotores y forma parte de más de 500 solicitudes de este tipo.