Familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos señalaron que las autoridades del país buscan cerrar ya el caso –ante la posibilidad de un cambio de partido en el gobierno– y desacreditan a los organismos internacionales que documentan sus fallas, al tiempo que los representantes del Estado mexicano defendieron sus indagatorias y aseguraron que éstas continúan en marcha.

Durante las audiencias del 168 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los abogados de las víctimas advirtieron que existen señales de que el gobierno no tiene voluntad política de esclarecer lo ocurrido con los estudiantes en Iguala.

Una de ellas, indicaron, es la descalificación al representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, por haber emitido un informe sobre los presuntos actos de tortura que sufrieron más de 30 personas acusadas por el caso Iguala, sin que esos señalamientos fueran concluyentes.

Santiago Aguirre, subdirector del Centro Prodh, consideró lamentable que el Estado –en un acto sin precedentes– haya acusado a Jan Jarab de exceder su mandato por documentar que al menos 34 personas fueron torturadas para obligarlas a autoinculparse o incriminar a otras por la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero.

Asimismo, destacó que las autoridades federales no han investigado lo suficiente los mensajes interceptados por el gobierno de Estados Unidos –filtrados por un periódico de circulación nacional en México–, según los cuales un grupo de la delincuencia organizada coordinó desde el vecino país del norte el ataque contra los normalistas el 26 de septiembre de 2014.

En su oportunidad, el comisionado Edison Lanza, de la CIDH, consideró que dicha filtración es gravísima y exigió a las autoridades mexicanas que la investiguen.

Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los normalistas desaparecidos, se preguntó si la falta de investigación de este tema implica un intento de encubrir a los delincuentes por el posible vínculo entre el crimen organizado y los círculos más altos del gobierno, incluidos el Ejército y la Policía Federal.

Una de las intervenciones que más llamó la atención en la audiencia celebrada en República Dominicana fue la de Emiliano Navarrete, padre de uno de los estudiantes desaparecidos, quien acusó al gobierno mexicano de haber “violado y pisoteado el derecho de nuestros jóvenes a ser buscados. Su ‘verdad histórica’ está convertida en cenizas’”.

En respuesta a las críticas, el fiscal especial del caso Iguala, Alfredo Higuera Bernal, afirmó que las búsquedas de los 43 normalistas jamás se han detenido, y puso de ejemplo que hasta ahora se han realizado más de 800 acciones en este sentido, en unos 360 lugares, muchos de ellos sugeridos por especialistas internacionales.

De igual manera, indicó que en días recientes se ha consignado a otras 31 personas por su presunta responsabilidad en la desaparición de los normalistas, y afirmó que se ha tratado de sensibilizar a los detenidos para que proporcionen información valiosa acerca del tema, pero muchos de ellos se han mostrado reacios por temor a que algo les ocurra o se han quejado sin razón de que se les presiona para declarar en un sentido u otro.