Oaxaca, Oax.

En la Chinantla Alta, al norte del estado de Oaxaca, los jaguares –una especie en riesgo de extinción– deambulan libremente y para los pobladores son parte de su vida cotidiana: aparecen en los bailes tradicionales y en la decoración de los pueblos. Es uno de los sitios más conservados del país y cuenta con una biodiversidad rica. En esta zona prístina hay un tercer intento de construcción de un proyecto hidroeléctrico en el río Usila, del cual las comunidades no han sido consultadas y temen daños al lugar.

Gran parte de los 13 mil habitantes de la región se dedican a la conservación. Los pobladores cuidan la selva, hacen monitoreo, construyen cabañas ecoturísticas, monitorean las especies y reciben recursos del programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA), realizado por el gobierno federal por conducto de la Comisión Nacional Forestal (Conafor). Viven de los cultivos, de los árboles frutales y de la producción de café.

Los pobladores tienen presente la mala experiencia de la presa Cerro de Oro (construida en la década de los 80), aguas abajo del mismo río Usila. Se nos fueron las truchas y langostinos de esas aguas. La gente tenía su dieta con eso, pero ya no hay. Ahora los tienen que comprar. De esa presa nunca nos informaron, y pensamos que sólo afectaría a la gente donde inundó, pero no, todos fuimos perjudicados, relata Miguel Cruz, presidente del Comité de Recursos Naturales de la Chinantla Alta (Corenchi).

La gente de nuestra comunidad está inquieta desde principios de diciembre del año pasado, cuando la empresa Generación Enersi presentó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del Proyecto hidroeléctrico para la generación de energía renovable Usila, cuyo proceso de evaluación está en la fase de suspensión por falta de información adicional.

Cruz explica en entrevista que ese plan, previsto a 800 metros de San Felipe Usila, dañaría directamente a Santiago Tlatepusco y San Antonio Analco, e indirectamente a San Antonio del Barrio, San Pedro Tlatepusco, Santa Cruz Tepetotutla, San Pedro Sochiapa, San Pedro Quetsalapa y San Juan Zapotitlán. Nosotros conservamos nuestros cerros, no deforestamos, protegemos al jaguar y otras especies que están en peligro de extinción, no queremos perder selva, señala.

La región se encuentra en la cuenca del río Papaloapan. Las seis comunidades integradas en la Corenchi (Santa Cruz, San Antonio del Barrio, San Pedro, Santiago Tlatepusco, San Antonio Analco y Nopalera del Rosario) destinan alrededor de 27 mil hectáreas en forma voluntaria a la conservación, con reglamentos internos que norman el acceso a los recursos naturales, y por este trabajo han recibido los premios al Mérito ecológico y a la Conservación de la Naturaleza.

Ante el riesgo que ven con el proyecto, autoridades municipales de San Felipe Usila enviaron a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (Dgira) de la Semarnat, encargada de evaluar la MIA, documentos en los que señalan que los pobladores de la región están en desacuerdo con la obra “debido a la experiencia histórica de nuestro pueblo, este tipo de infaestructura sólo trae consigo la afectación irremediable de nuestros ecosistemas, daños irreparables a nuestra cultura ancestral.

“Es un contrasentido que el Estado que, por un lado, impulsa la conservación de selvas y bosques –Usila aporta miles de hectáreas a proyectos de conservación de la selva de la Chinantla– por otro, anime y fomente la construcción de obras como la propuesta”, señalaron.

La región provee agua a empresas sostén de Chinantla

Además, se provee de agua a Tuxtepec, donde se encuentra la cervecera El Trópico, un ingenio azucarero, una hulera, todo ello motor de la industria y del sector primario en la zona, a los habitantes de la Chinantla alta se les ha endosado la responsabilidad de la conservación, señala el biólogo Fernando Mondragón.

En 2013 se dio el primer intento de establecer el proyecto y aunque un año después de ingresada la MIA, la resolución de la Semarnat fue negativa, en diciembre de 2014 la empresa volvió a presentarlo con algunos cambios, hubo movilizaciones de rechazo de las autoridades comunitarias, municipales de San Felipe Usila, y en junio de 2015 la empresa se desistió del plan.

En los documentos que han llevado a la Semarnat, las autoridades municipales y comunitarias exigen la realización de una consulta libre, previa e informada de los alcances del proyecto, de acuerdo con la legislación, señalan por su parte Silvano Juan Albino y Javier Juan Albino, de San Antonio del Barrio, quienes muestran los documentos entregados en febrero, con sellos de recibido. Sin embargo, hasta la fecha aún no han obtenido ninguna respuesta.