Las autoridades federales deben intervenir y garantizar la conclusión de los procesos judiciales de restitución de tierras pertenecientes a dos comunidades wixaritari de Nayarit, los cuales fueron suspendidos ante la falta de condiciones sociales y de seguridad.

Las comisiones Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y Estatal de Derechos Humanos de Jalisco hicieron ese llamado al gobierno federal en un posicionamiento conjunto. Debido a su malestar por el incumplimiento del fallo judicial, los habitantes de esos pueblos decidieron en asamblea comunitaria, realizada el 28 y 29 de abril, impedir el proceso electoral en sus regiones.

Se trata de las comunidades de San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan Kuruxi Manuwe, en la localidad de Huajimic, municipio de La Yesca, Nayarit, que en diversos foros han llamado a que se cumpla la restitución de sus territorios.

En septiembre de 2017,s la CNDH convocó a las autoridades estatales y municipales de Jalisco y Nayarit, así como a los tribunales agrarios e instituciones competentes, a vigilar que la devolución de los terrenos se realizara con base en el estado de derecho y el respeto pleno de las garantías fundamentales.

Sin embargo, luego de dos procesos que concluyeron en octubre, esa restitución ha sido impedida de manera violenta y sin que las autoridades responsables de seguridad pública hayan otorgado las garantías para salvaguardar la integridad de las personas y con ello dar cauce a la legalidad y al orden social, lamentaron.

Ambas comisiones llamaron enérgicamente a las autoridades federales, estatales y municipales a realizar lo necesario a efecto de que se garantice el acceso a la justicia del pueblo wixárika en un clima de seguridad y paz social, para lo cual es indispensable el diálogo y el cumplimiento de acuerdos que permitan resolver este conflicto de forma integral.