Moscú.

Despejado el centro de Moscú de simples mortales por razones de seguridad, Vladimir Putin tomó posesión este lunes como presidente de Rusia hasta 2024 en la sala de San Andrés del Gran Palacio en el Kremlin, donde se encontraba el trono de los zares, aclamado por 6 mil invitados que conforman la crema y nata de la élite gobernante rusa.

Putin, quien está al frente de este país desde 2000, tras suceder a Boris Yeltsin, repite en el cargo por cuarta vez –aparte de los cuatro años que ejerció de primer ministro al término de sus primeros dos periodos presidenciales– después de ganar los comicios del 18 de marzo anterior con 76.69 por ciento de los votos depositados en las urnas, según los resultados oficiales.

En las breves palabras que pronunció, después del juramento de rigor, Putin destacó que los rusos hemos aprendido a defender nuestros intereses, revivimos el orgullo por la patria, nuestros valores tradicionales y, por eso, debemos proteger lo logrado.

El mandatario expresó su esperanza de que Rusia siga fortaleciendo su poderío y la gente viva cada vez mejor, y agradeció el apoyo, indispensable para continuar defendiendo las posiciones de la Federación Rusa en el ámbito internacional y poder acometer profundos cambios positivos al interior del país.

Acorde con la ley, el gobierno del primer ministro Dimitri Medvediev presentó su dimisión al (nuevo) jefe de Estado, quien dos horas más tarde propuso al Parlamento el nombramiento de Medvediev como jefe de Gobierno, que será ratificado por la cámara baja este martes.

Medvediev, quien compareció esta misma tarde en la Duma, mencionó que esta versión del gobierno tendrá muchos nombres nuevos, algunos en posiciones clave; un primer viceprimer ministro, Anton Siluanov, y seis viceprimeros ministros a cargo de distintas áreas.

No trascendieron los candidatos a titulares de cartera, pero los analistas locales vaticinan que el canciller Serguei Lavrov, quien desde hace meses hizo del conocimiento de Putin su deseo de jubilarse, figura entre los que podrían ser reemplazados.

Enfrentada cada vez más con Estados Unidos y sus aliados europeos –desde 2014 con la anexión de Crimea y su respaldo a los secesionistas en el este de Ucrania, divorcio que se ha ido acentuando por la participación militar de Rusia en la guerra de Siria en favor del gobierno de Bashar al Assad y la supuesta injerencia del Kremlin en las elecciones presidenciales de Estados Unidos–, Rusia no quiere romper con el G-7, el grupo de los países más ricos del mundo, una exclusiva instancia de la cual llegó a formar parte gracias al peso de su arsenal nuclear, que hasta empezó a llamarse de forma simbólica G-8.

Rusia aspira a recuperar el estatus que tuvo la Unión Soviética y, para ello, el Kremlin trata de forzar un cambio de las reglas del juego para obtener voz y voto decisivos en los conflictos, en cualquier región del planeta donde posea intereses económicos o geopolíticos.

Esa intención genera distanciamientos con Estados Unidos y sus aliados europeos, los cuales se traducen en más sanciones contra Rusia, que ésta responde con la misma moneda, pero por razones obvias con menor efectividad, lo cual ensombrece las perspectivas de la economía rusa en el mediano plazo.

Inmersa en la modernización de sus armamentos, Rusia requiere –en opinión de los expertos en economía– emprender reformas estructurales, mientras el recorte de la política social repercute negativamente en los 20 millones de rusos que viven en condiciones de pobreza y los otros 30 millones que llegan a fin de mes con severas dificultades.

La ceremonia de toma de posesión de Putin estuvo precedida por acciones de protesta de la oposición en numerosas ciudades de Rusia, algunas autorizadas y otras no, que tuvieron un saldo de más de mil 600 detenidos, entre ellos Aleksei Navalny, quien quedó en libertad provisional y deberá comparecer ante un juez el día 11 de este mes por convocar a las manifestaciones del 28 de enero y la del sábado anterior, sin contar con el respectivo permiso de la alcaldía de Moscú, por lo cual le pueden caer, en el mejor de los casos, 30 días de cárcel.