l pasado 24 de abril fue rechazada en la Cámara de Diputados la reforma a la ley general de salud en materia de donación de órganos y tejidos hecha en el Senado. En ella se consideraba que, al morir, todas las personas se convertían en donadoras de órganos. La reforma fue muy cuestionada por organizaciones sociales y médicas. En la Cámara se dijo, entre otras cosas, que era un intento gubernamental por apropiarse de órganos, mientras se desconoce la lista de espera de posibles recipiendarios de ellos; que no existe una campaña gubernamental de promoción de la donación voluntaria. Y que la citada reforma, más que una propuesta de donación de órganos, lo es de de apropiación de los mismos.

Dos días antes, en su columna de El Universal, el médico Arnoldo Kraus la criticó severamente al incluir el término consentimiento presunto. Se aprobó con 70 votos a favor, cero en contra y una abstención. Ante esa unanimidad casi absoluta, Kraus alaba el enorme conocimiento que los senadores tienen sobre la materia. Y explica que la definición más simple sobre consentimiento presunto proviene de la Ley General de Trasplantes de España, en la que se asienta que la extracción de órganos de fallecidos podrá realizarse con fines terapéuticos en el caso de que éstos no hubieran dejado constancia expresa de su oposición. España, agrega, figura a la cabeza en donación de órganos, seguida de Bélgica, Noruega, Francia y Finlandia, donde funciona correctamente el consentimiento presunto.

Pero el médico advierte que entre esas naciones y México hay una diferencia abismal: mientras en las primeras la pobreza es muy menor, aquí más de la mitad de la gente vive en ella o en la miseria. Lo que significa desinformación, desconocimiento y falta de argumentos para rechazar leyes, sobre todo cuando no se conocen... ¿Se extraerán más órganos a los pobres que a las personas adineradas?, se pregunta Kraus. Y destaca el absurdo aprobado por los senadores: “Al carecer de voz y desconocer sus derechos, y no tener idea del concepto consentimiento presunto... quienes ‘aportarán’ más órganos serán pobres”, pues no saben casi nada sobre el tema ni del vínculo que en otros países existe sobre el dar y recibir.

En México casi 22 mil personas están en espera de contar con una donación de órganos, en especial renales. El sistema de salud está rebasado, y más en el campo de los trasplantes, que exigen gastos elevados y cuidados extremos. Todo indica que los senadores no consultaron a los expertos, algo que suele ocurrir en muchas otras tareas del quehacer legislativo. Y esto pese a que ellos y los diputados gastan millones de pesos en asesores.

Y vaya casualidad: al mismo tiempo que se rechazaba la reforma del Senado sobre el trasplante de órganos, en la Cámara mil 500 asesores dejaron sentir su inconformidad. El motivo: se quedarán sin trabajo el 31 de mayo, cuando, alegan, debían pagarles tres meses más. Seguramente buen número de asesores cumplen a cabalidad su tarea: elaborar las iniciativas que después presentan los diputados como propias. Pero si nos atenemos a los proyectos de ley que éstos discuten en comisiones y luego en el pleno, surgen dudas. No pocos asesores (y también los del Senado) están allí por amistad o compromiso político. No por conocimientos. Y estar al tanto de los temas que tratan es lo que requiere el Congreso de la Unión. Acuden gratis a ilustrarlos especialistas de alto nivel, pero la mayoría de las veces se ignora su opinión. Puede más el poder de cabildeo de los grandes intereses económicos y religiosos, que la de los expertos, como lo prueban leyes recientes: la de la biodiversidad, la forestal, la de seguridad nacional o la de medios, bien llamada ley chayote al favorecer a los mediosy comentaristas afines al gobierno.

Cerremos este mal trabajo legislativo destacando que en la Cámara de Diputados funcionan 56 comisiones en las que se dictaminan las iniciativas o reformas de ley. Quienes las presiden reciben un salario extra y otras canonjías. Pero casi la mitad no hacen nada. Les pagamos por no trabajar. Y cuando sí, lo hacen mal, contra los intereses de la ciudadanía, de la nación.