En la conmemoración de los 10 años de vigencia de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, realizada en el Senado, asesores de los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED) exigieron el pago correspondiente a cuatro meses de sueldo adeudado este año.

Frente a la senadora Angélica de la Peña; la presidenta del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Per-sonas con Discapacidad, Mercedes Juan López, y la titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Alexandra Haas Paciuc; los asesores, acompañados de estudiantes y padres de familia, demandaron que se les reconozca como profesio-nales y se les brinde un contrato que respalde su relación laboral con la Secretaría de Educación Pública.

Señalaron que en el país existen cerca de 300 CAED, los cuales dan servicio a más de 8 mil estudiantes con discapacidad de todas las edades. La senadora Angélica de la Peña propuso crear una comisión para plantear el tema.

Previamente, como parte de la conmemoración, Federico Fleish-man, presidente de la asociación Libre Acceso, dijo que a 10 años de promulgado en México este mecanismo internacional, es necesario reconocer que el cambio no ha sido suficiente. Las personas con discapacidad seguimos viviendo en un entorno inaccesible, no sólo desde la perspectiva arquitectónica y urbana, sino también desde la social y la cultural. Y, peor aún, pareciera que el impulso que la convención dio a nuestro movimiento tiende a diluirse.

Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expuso que la convención no ha tenido en el mundo el efecto transformador de que la persona con discapacidad sea sujeto titular de derechos y decisiones.

Haas Paciuc señaló que todavía existe una deuda pendiente y dolorosa con este sector de la población.

Mercedes Juan López resaltó que ha habido avances en materia de acceso a la salud, educación e inclusión laboral.