Chihuahua, Chih.

Empresarios agrícolas, entre ellos la familia LeBarón, explotan 395 pozos ilegales en la cuenca del río Del Carmen, formada por los acuíferos de Flores Magón-Ahumada y Santa Clara, en los municipios de Namiquipa, Riva Palacio, Buenaventura y Ahumada, lo que viola un decreto presidencial de 1957 que impuso una veda en esa franja semidesértica, denunció El Barzón.

Explicó que la familia LeBarón ha perforado pozos al amparo de 395 títulos apócrifos que el diputado local priísta Alejandro LeBarón entregó a familiares y prestanombres cuando fue delegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en la entidad, lo que ha permitido el enriquecimiento de su familia a costa de la escasez que padecen varias comunidades del municipio de Buenaventura.

El propio Alejandro LeBarón explota clandestinamente 11 pozos para regar 200 hectáreas de nogales en una zona de pastizales del municipio de Buenaventura, donde no está permitida la actividad agrícola.

Joaquín Solorio, líder de los campesinos, denunció que, de acuerdo con información de la Conagua, el acuífero de Santa Clara tiene una sobrexplotación de 10.59 millones de metros cúbicos, y el de Flores Magón-Ahumada, de 113.60 millones.

El lunes pasado unos 500 campesinos de los ejidos Benito Juárez y Constitución acudieron al rancho La Mojina, propiedad de Joel LeBarón, con la intención de clausurar nueve pozos que el empresario agrícola utiliza para regar 28 mil árboles de nogal, cultivo de alto consumo de agua que está agotando las reservas para al menos 900 familias de ejidatarios, pero los recibieron con fuego de armas calibre .223.

La Fiscalía General del Estado (FGE) integró dos carpetas de investigación por el enfrentamiento entre la familia LeBarón y los campesinos, ya que ambas partes interpusieron denuncias por lesiones.

Piden que intervenga la Conagua

César Augusto Peniche Espejel, fiscal estatal, comentó: Aquí ha habido cambio de uso de suelo, de agostadero a cultivo intenso. Eso está generando sobrexplotación en una región donde ya no se pueden perforar más pozos.

El funcionario instó a la Conagua a intervenir y revisar los títulos de concesión de la familia LeBarón.

Martín Chaparro, dirigente estatal del partido Morena, criticó que, ante la ausencia de autoridad, algunos barzonistas (la fracción que apoya al gobierno del mandatario panista Javier Corral) hayan emprendido acciones que corresponden a la Conagua y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Al fragor del enfrentamiento se pudo haber lastimado la propiedad privada, violencia que, por supuesto, no justificamos.

Un juez de distrito negó a la familia LeBarón un amparo para evitar la clausura de los pozos, pero en enero ésta acudió a un tribunal administrativo para tramitar otro juicio. Mientras, se espera que la Conagua aporte información para determinar si procede la clausura definitiva.

La suspensión en vías de amparo no es un permiso; sin embargo, en el rancho La Mojina empleados y maquinaria continúan con la plantación de nogales.

Gobernador apoya auditoría

Ante el conflicto en el municipio de Buenaventura entre la familia LeBarón y ejidatarios por la explotación de pozos, el gobernador Javier Corral Jurado reconoció que la comunidad menonita ha usado influencias políticas para la siembra de nogales. Anunció que su administración apoyará legalmente la exigencia de que se investigue cómo fueron adquiridos los permisos.

Dijo que algunos de ellos obtuvieron amparos para sembrar nogales, cuando los habitantes de la comunidad carecen de agua para beber o para bañarse.

La administración estatal, insistió, buscará que se investigue la entrega de los títulos; sin embargo, “exigiremos que todo mundo cumpla con la ley, y que nadie irrumpa en la propiedad de otro, independientemente de que su causa sea justa.

Vamos a garantizar el estado de derecho y nos vamos a ofrecer para mediar ante las instancias federales, entre ellas la Conagua, indicó el mandatario.

El conflicto por el agua ha derivado en el asesinato de tres líderes de ejidatarios e integrantes de El Barzón: Ismael Solorio, Manuelita Solís y Alberto Almeida, crímenes que permanecen impunes.