Han sido 43 largos y frustrantes meses para las madres y padres de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa víctimas de desaparición forzada en septiembre de 2014. Tres años y siete meses de incertidumbre y tristeza, pero a la vez de mantener la esperanza de que algún día regresen a casa.

Ayer se cumplió un mes más, el número 43, desde la desaparición forzada de los normalistas a manos de agentes del Estado aquella noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Fue una conmemoración simbólica al coincidir el número de meses con el de desaparecidos por este caso. Y como tal los familiares y quienes los han acompañado sabían de la relevancia de tomar las calles una vez más, y después de siete meses, pudieron regresar al Zócalo capitalino a manifestar su indignación, exigir verdad, justicia y castigo para todos los implicados. También, por primera vez en mucho tiempo, sumaron miles los manifestantes (5 mil de acuerdo con los organizadores) entre colectivos, organizaciones sociales y sindicales, normalistas, universitarios y ciudadanía en general.

Marcharon desde el Ángel de la Independencia hasta la Plaza de la Constitución, desde donde demandaron al titular de Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, agilizar las indagatorias para resolver el caso antes de que termine su mandato, el próximo primero de diciembre. Y es que, acusaron, a 43 meses de los hechos lo único que el gobierno les ha ofrecido son mentiras.

Los familiares rechazaron las versiones que tratan de excusar la participación del Ejército en los hechos. Esto luego de que se hicieron públicas conversaciones vía Whatsapp en las que supuestos integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos habrían planeado, desde Chicago, el levantamiento y ejecución de los chicos, al confundirlos con miembros del cártel rival, Los Rojos, para lo que habrían contado con el apoyo de policías municipales. Se trata de comunicaciones que forman parte de un juicio en Estados Unidos contra los probables narcotraficantes.

Hilda Hernández, madre de César Manuel González Hernández, uno de los desaparecidos, acusó: “¿Cómo que no participó el Ejército, si monitoreó a los muchachos a través del C-4 desde que salieron de la normal? ¿Cómo no si tomó fotos y videos? ¿Cómo no si los intimidó en el hospital Cristina (donde los jóvenes llevaron esa noche a sus compañeros heridos)?” Por lo que exigió investigar a los solados y que el gobierno deje de insistir en la versión de que en el crimen sólo habrían participado miembros del crimen organizado y policías de diversos municipios de Guerrero.