ste 26 de abril el Estado mexicano estará de nuevo en el banquillo de los acusados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes en diciembre de 2009 a manos de hombres uniformados identificados como militares. Este será el primer caso de desaparición forzada de la llamada “guerra contra el narco” que llega a la CIDH, poniendo en tela de juicio la efectividad de la militarización de la seguridad pública que pretende legitimar la Ley de Seguridad Interior promulgada en noviembre pasado.

Esta desaparición forzada tuvo lugar en el contexto del llamado Operativo Conjunto Chihuahua (2008-2010), en el que participaron miles de militares y policías federales que coordinaron acciones en todo el estado, registrándose graves violaciones a derechos humanos. Los índices de violencia producto de las acciones de los múltiples actores armados subieron en este periodo registrándose mil 63 desapariciones y 19 mil 282 asesinatos en el estado. Más allá de estas cifras, el impacto que la militarización y la desaparición forzada ha tenido en el tejido social de las comunidades rurales del norte de Chihuahua ha sido documentado en un informe pericial realizado por el Grupo Investigación en Antropología Social y Forense (giasf.org) que será presentado ante la Corte.

La investigación que sustenta este informe nos permitió documentar que el caso de los primos Alvarado no es aislado, sino que es parte de una historia de múltiples agravios y violencias por parte del Ejército y fuerzas de seguridad que los habitantes de esa región vienen sufriendo a partir de la militarización de la seguridad pública. De manera más específica, el ejido Benito Juárez, en el municipio de Buenavista, donde tuvieron lugar las desapariciones forzadas de los familiares Alvarado, tiene larga trayectoria de lucha en defensa de sus recursos y sus derechos agrarios, en donde los habitantes encontraron en El Barzón un espacio organizativo importante. A partir de esta historia de resistencias han sufrido distintas experiencias de represión, y en los pasados 10 años, han experimentado el impacto de la violencia del crimen organizado en un contexto de impunidad y complicidad con las fuerzas de seguridad.

Parte de esta historia de agravios fue el asesinato de Ismael Solorio Urrutia y Manuela Marta Solís, el 22 de octubre de 2012, a raíz de su activa participación en contra de la instalación de la Minera Cascabel y de su activismo en contra de la explotación irregular de agua en la región. Estos asesinatos políticos acontecieron tres años después de la desaparición de los primos Alvarado, pero son parte de la pedagogía del terror que ha venido a trastocar sus dinámicas comunitarias y a fragmentar el tejido social, que documenta el peritaje.

La audiencia tiene lugar en medio de un proceso electoral en el que las estrategias de seguridad están en el centro del debate. Más allá de la sentencia, el mero hecho de que el caso llegue a la Corte representa ya un golpe duro a la estrategia de militarización y una crítica severa a la Ley de Seguridad Interior. En su informe de fondo elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se argumenta que la militarización de la seguridad pública contribuye a que esta grave violación de derechos humanos (la desaparición forzada) tengan lugar en dicho contexto y que no sea debidamente investigada y sancionada como consecuencia de los múltiples mecanismos de encubrimiento y obstrucción. Esperemos que la justicia internacional contribuya a frenar las múltiples violencias e impunidades que el esquema fallido de la “guerra contra el narco” ha traído a la vida de miles de mexicanos y a replantear el marco legal que pretende darle continuidad.