Armando Hernández rindió informe anual
Jueves 26 de abril de 2018, p. 30
El reto de este proceso electoral local, donde por primera ocasión se elegirán alcaldes y concejales en las 16 demarcaciones, será realizar un análisis exhaustivo de las impugnaciones e incluso la posibilidad de que se emitan nuevos criterios, afirmó Armando Hernández Cruz, presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECM).
Al rendir su informe anual de actividades, el magistrado detalló que esto significa una renovada conformación política, con nuevas atribuciones y con administraciones que dejarán de ser unipersonales y se tornarán en cuerpos colegiados, con un titular, un consejo compuesto por al menos 10 personas, que se elegirán mediante voto.
Explicó que se busca proteger e incorporar al nuevo paradigma político de la ciudad las candidaturas sin partido y el cómo se hará una designación equilibrada según los principios de mayoría relativa, representación proporcional y paridad de género.
Asimismo, destacó que el TECM es el primer órgano en contar con una unidad especializada en procedimientos sancionadores, encargada de resolver los asuntos que en la materia son tramitados ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México.
Ante el jefe de Gobierno, José Ramón Amieva; el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, Leonel Luna Estrada, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Álvaro Augusto Pérez Juárez, Hernández Cruz informó que se emitió el Protocolo para atender la violencia política contra las mujeres, con el objetivo de orientar y fijar las vías procesales y los parámetros de actuación generales ante denuncias que se presenten por situaciones que podrían violar los derechos político-electorales.
También, señaló, el TECM es el primero en el país que recibió la certificación de la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación nivel oro, con lo que garantiza la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres que laboran en este órgano, y el respeto a los derechos humanos, de género y de protección a grupos en situación de vulnerabilidad.