Guadalajara, Jal.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos (ONU-DH) activó este viernes un procedimiento de acción urgente por el cual solicita al gobierno mexicano informar sobre la suerte y paradero de Catarino Aguilar Márquez y Noé Aguilar Rojas, líderes de la comunidad indígena de San Lorenzo de Azqueltán, privados de la libertad el 19 de abril.

En una nota enviada al gobierno mexicano, la ONU-DH menciona que abrió los expedientes 471/2018 y 472/2018 por la desaparición forzada de los líderes comunitarios, tras la petición que le envió el jueves pasado Cristian A. Chávez, de la Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas.

El documento consigna que la desaparición forzada se denunció el mismo jueves ante las Fiscalías General de Jalisco, la Especializada en Personas Desaparecidas, la Comisión Nacional de Búsqueda y la Procuraduría General de la República.

Los dirigentes tepehuanos fueron privados de su libertad por un grupo de encapuchados armados que los obligó a subir a un vehículo en el pueblo de Temastián, municipio de Totatiche, 230 kilómetros al norte de Guadalajara.

El Comité contra la Desaparición Forzada destaca la importancia de que los hechos descritos sean analizados a la luz del contexto en el cual ocurrieron. En esa perspectiva, el comité resalta que, según la información disponible, la comunidad wixárika y tepehuana de San Lorenzo de Azqueltán, ubicada en Villa Guerrero, Jalisco, ha sido objeto de actos de represalia en los pasados meses, incluido hechos de desaparición forzada, amenazas de muerte y despojos de tierras, refiere el escrito.

Menciona también que la desaparición de los dos líderes se da en un contexto en el cual se reveló la participación de funcionarios públicos en actos de desaparición forzada, como han reconocido las propias autoridades de la entidad.

Por lo anterior, la ONU-DH solicitó al gobierno de México informar a los familiares y al propio comité sobre la suerte y paradero de los dos desaparecidos, tomar las medidas necesarias para protegerlos, garantizar su protección por la ley y permitir que sus familias tengan contacto inmediato con ellos.

Si el paradero no es confirmado, se pide tomar todas las medidas necesarias para aclarar su situación. Se requiere al Estado establecer de inmediato una estrategia integral y exhaustiva de búsqueda y de investigación de su desaparición que tome en cuenta toda la información disponible. También pide al gobierno mexicano identificar plenamente a los perpetradores de la desaparición, permitir la plena participación de los familiares y allegados en la investigación dándoles acceso directo a la información disponible y los resultados de las pesquisas en curso.

Además se deberá informar al comité sobre las acciones tomadas, de acuerdo con la acción urgente descrita, antes del 11 de mayo próximo.

Abogados de wixáricas exigen garantías para ejecutar sentencias

En otro caso, abogados de la comunidad indígena wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán y su anexo Tuxpan de Bolaños, urgieron a las autoridades federales y del estado de Nayarit a dar la seguridad necesaria y garantizar la ejecución de dos sentencias para que este próximo 25 de abril les sean devueltos predios en Huajimic, Nayarit.

Desde 2017 pobladores armados de Huajimic, inconformes con entregar la tierra sin recibir indemnizaciones, han impedido con bloqueos el cumplimiento de las sentencias y han amagado de muerte a los representantes legales.

La más reciente fue el 12 de abril, cuando se impidió el paso de la caravana del tribunal agrario unitario 56 que iba a esa población ubicada en los límites con Jalisco para ejecutar dos sentencias y restituir tierras a favor de la comunidad wixaritari.

El tribunal tenía programado entregar 15 hectáreas de un terreno ocupado por Ignacio Quinta-nilla Montoya y otro de una hectárea en poder de Fortinillo Montoya Ultreras, ambos ganaderos de Huajimic; sin embargo, decidieron regresar a Tepic, ante la cantidad de opositores y sus amenazas tanto los actuarios como el comandante del grupo de 21 policías estatales que iban en la caravana.