La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió evaluar el caso de la tragedia en la mina Pasta de Conchos, para determinar la posible responsabilidad del Estado mexicano en la violación del privilegio a la vida, la integridad personal y el acceso a la justicia para los familiares, al igual que a las prerrogativas económicas, sociales y culturales.

La organización Familia Pasta de Conchos y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) consideraron que la admisión del caso por parte del organismo regional representa un avance histórico para las familias en su búsqueda de verdad, justicia y reparación integral, para empezar por el rescate de los cuerpos de los 63 mineros que quedaron en el lugar del siniestro.

El 19 de febrero de 2006, la unidad 8 de esta mina –concesionada a Grupo México, propiedad del empresario Germán Larrea– sufrió una explosión por acumulación de gas metano ante las malas condiciones de seguridad, de las que ya se tenía reporte desde 2000. El percance causó que 65 de los 73 obreros que trabajaban en ese turno quedaran atrapados y sólo dos pudieran ser rescatados.

La última inspección realizada por las autoridades federales a este lugar fue en julio de 2004, en la que se asentaron 43 violaciones directas a la norma de seguridad e higiene y se ordenaron 48 medidas, muchas de extrema urgencia. Pese a eso, las autoridades omitieron supervisar que se subsanaran las fallas detectadas.

El caso mereció una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que determinó que funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social toleraron que la referida empresa funcionara en condiciones que no garantizaban íntegramente la salud y la vida de los trabajadores.

A más de 12 años de la tragedia, 63 mineros yacen en Pasta de Conchos debido a la obstaculización del Estado para su recuperación y sepultura digna, señalaron familiares y el centro Prodh. El caso permanece impune. Ningún funcionario ha sido sancionado penalmente, aun cuando el propio Estado omitió garantizar que diversas fallas de seguridad detectadas en la mina antes del siniestro se subsanaran.

Las familias presentaron el caso ante la CIDH en febrero de 2010, bajo el argumento que el Estado mexicano es responsable por la inefectividad de las inspecciones laborales realizadas, por la demora injustificada y por la falta de debida diligencia en esclarecer y sancionar estos hechos. El gobierno alegó que era inadmisible, puesto que los peticionarios contaron con diversos recursos internos para buscar justicia.

Tras analizar las pruebas y argumentos de ambas partes, la CIDH dio la razón a las familias y determinó que luego de 12 años de los hechos no se han determinado las causas de la explosión, la presunta responsabilidad de servidores públicos ni se han recuperado los cuerpos de los mineros.