Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, revocó el no ejercicio de la acción penal que determinó la Procuraduría General de la República (PGR) contra Enrique Solana Sentíes y Juan Carlos Martínez Domínguez, ex presidente y vicepresidente de Tecnologías de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), acusados de manejos indebidos y de triangular recursos por el empresario Juan Carlos Pérez Góngora.

Solana Sentíes fue señalado en febrero de 2017 por Pérez Góngora, del grupo Nueva Visión, de haber incurrido en malversación de fondos públicos mediante un programa que entregaría tabletas electrónicas a pequeños comerciantes.

De acuerdo con la acusación, la dirigencia de la Concanaco habría hecho mal uso de 51 millones 45 mil pesos provenientes del erario, dinero con el cual se compraron 15 mil tabletas de origen chino que fueron entregadas a los comerciantes, aunque aseguró, los dispositivos no funcionaron.

Sostuvo que no se realizó licitación alguna y las compras beneficiaron a empresas de los acusados. Los recursos provinieron del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) e integrantes de la Concanaco.

La tabletas, explicó, las vendió Martínez Domínguez en 87 millones de pesos, cuando el precio de mercado era de 35 millones 955 mil pesos, es decir, un sobrecosto de 51 millones 45 mil pesos, por conducto de su empresa Celular Milenium SA de CV. Se repartieron el dinero del Inadem y de los comerciantes que aportaron una cantidad. Se triangularon recursos de los negocios de Martínez Domínguez a Unicar Mexicana SA de CV, compañía en Puebla de Enrique Solana, entonces presidente de la Concanaco, por 11 millones 167 mil 88 pesos.

Indicó que los aparatos, que incluían terminal bancaria, base de tablet, venta de tiempo aire y facturación, tuvieron un sobreprecio ya que cada unidad tenía un cotos aproximado de 2 mil 400 pesos, pero se vendió cada dispositivo en 5 mil 800.

Además, durante la audiencia que duró más de dos horas y donde el juez de control, Marco Antonio Fuerte Tapia consideró que de acuerdo a la causa penal 69/2018 el Ministerio Público Federal no comprobó que llevó a cabo una investigación a fondo para decidir en enero pasado el no ejercició de la acción penal, por lo que dictaminó una indagatoria exhaustiva y que un especialista realice el dictamen técnico para comprobar que hubo un sobreprecio las tabletas así como un análisis de las reglas de operación del Fondo Nacional Emprendedor.

Este es un gran avance ya que el juez de control obliga al agente del Ministerio Público a continuar con la investigación y que revise dos puntos fundamentales, el sobreprecio de las tabletas Concanaco y la intervención de personas que de acuerdo con las reglas de operación no tenían derecho a ello, agregó Pérez Góngora.