La realización de debates en México, hasta 2012, estuvo marcada por largas y tortuosas conversaciones que incluyeron desde los más mínimos detalles en las tomas televisivas o las dimensiones de los atriles, hasta el veto a la participación de contendientes. Un cíclico tour de force entre representantes para anular los flancos débiles y reducir riesgos que comprometieran la elección.

Sus modalidades han pasado desde el sobrio intercambio epistolar entre Luis Donaldo Colosio y Cuauhtémoc Cárdenas encaminado a pactar un insólito debate público hasta el desenlace de las largas negociaciones entre viandas y tragos en un lujoso restaurante para lograr consenso ante el punto más espinoso del primer debate presidencial de 2006: la silla vacía. Sería un desenlace que accedía a las presiones de la Secretaría de Gobernación para evidenciar la ausencia de Andrés Manuel López Obrador.

Casi 24 años de historia de negociaciones que iniciaron con procedimientos muy distantes de la institucionalidad de ahora, con formatos acordados en el seno de una comisión especial de Debates del Instituto Nacional Electoral, con sesiones formales y órdenes del día para lograr un consenso paso a paso hacia la ruptura del rígido formato que prevaleció durante cuatro comicios presidenciales entre 1994 y 2012.

Se cuentan, casi como leyendas, las anécdotas que rodearon la histórica negociación del primer debate presidencial en México. Concluido el rito sexenal del destape priísta, el malogrado Luis Donaldo Colosio recibía una misiva de quien para entonces era la principal figura opositora.

Cárdenas lo convocaba a confrontar públicamente sus proyectos de nación. Los empeños renovadores de Colosio lo llevarían a ofrecer en su discurso de toma de protesta: “creer en la democracia es respetar las reglas, es alentar el debate (….) Invitaré a los candidatos de otros partidos a un amplio debate que confronte ideas”.

El intercambio epistolar continuó hasta pactar encuentros entre sus representantes para acordar un debate al que Colosio ya no llegaría. Ejecutado en Lomas Taurinas, heredó las negociaciones en el que ni el partido Revolucionario Institucional (PRI) ni el de la Revolución Democrática (PRD) serían beneficiarios. La irrupción del panista Diego Fernández de Cevallos para exigir su inclusión, sería el primer paso para convertirse en ganador del encuentro.

La nula injerencia que había tenido la autoridad electoral en la organización, entonces en manos de los protagonistas, se repitió en 2000, año de la transición que exigía preservar la discusión pública.

La anuencia del PRI ante la inevitabilidad del debate en tiempos de transición, desembocó en que los propios candidatos se involucraran en las negociaciones cuyo clímax llegaría en la casa de campaña de Cárdenas, ante la presencia de decenas de medios de comunicación. En un acalorado encuentro, Cárdenas, Vicente Fox y Francisco Labastida dirimieron públicamente los tiempos del debate.

Un encuentro que exhibiría la obcecación de Fox: hoy, hoy, hoy, como respuesta ante las propuestas para pactar la fecha del debate. Sólo el ingenio de los publicistas del ex gerente de la Coca Cola transformarían el escarnio que desató en un anuncio de campaña.

Finalmente, hasta 2006 la autoridad electoral se involucró en la organización. Aún con carácter voluntario, se acordó la realización de dos debates, pero concretarlos implicó largas negociaciones entre partidos y consejeros electorales. Encuentros en el que participaban, entre otros, Josefina Vázquez Mota y Juan Molinar, por el Partido Acción Nacional (PAN), de estrecha relación personal con Arturo Sánchez, uno de los consejeros que conducía la negociación por el Instituto Federal Electoral.

Interminables encuentros que postergaban detalles espinosos, entre ellos, el afán panista por exhibir a López Obrador mediante un espacio vacío. Era una propuesta que dividía a los consejeros del IFE cuya mayoría rechazaba su instrumentación.

Fue hasta el último encuentro, en un lujoso restaurante donde –cuentan los asistentes– el representante del PRD, Jesús Ortega, daría su anuencia a incluir la silla. Las veladas presiones gubernamentales surtirían efecto.

Conforme los debates se fueron consolidando como actos de grandes expectativas en las campañas, las negociaciones llegaron hasta lo absurdo en 2012: las dimensiones de los atriles, los apoyos permitidos para los candidatos; las proscripciones de respaldos tecnológicos; el uso de gráficos, etcétera.

Ningún detalle podía dejarse al arbitrio del moderador o a un imponderable que pudiera cambiar el rumbo de la elección. Los empeños del IFE por romper la rigidez chocaron con los intereses de los candidatos que para entonces aún dominaban el rumbo de las negociaciones, con capacidad de vetar aspectos que les fueran adversos.

Tras la experiencia del primer debate, las pretensiones de romper con el acartonamiento en el segundo encuentro mediante una mayor libertad del moderador fue abortada la víspera de su realización. A iniciativa del PRI, con el aval del consejero que presidía las negociaciones por el IFE, Sergio García Ramírez, se reventó esa posibilidad. Nada fuera de control.

Aunque bajo canales diferentes que hacen pasar los principales acuerdos por el Consejo General del INE, a cinco días del primer debate presidencial, los detalles aún se negocian.