a ocupado amplios espacios la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de ordenar la inclusión en la boleta electoral como candidato independiente a la Presidencia de la República al personaje conocido como El Bronco. Pese a las evidencias, abiertamente fraudulentas, que el INE recopiló y, con base en ellas, le había negado el registro.

No sorprende que la interpretación del derecho efectuada por el TEPJF esté marcada por la sospecha, y ciertamente no augura transparencia ni imparcialidad alguna para los próximos comicios. Muy grave el hecho y sus implicaciones, pero más grave aún es mostrar otras evidencias de que en nuestro país el Estado no es capaz de hacer cumplir sus propias decisiones. No lo hace cuando el asunto no le resulta estratégico, como en el caso de la comunidad wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan de Bolaños, a las que restituirían al menos 300 hectáreas en Huajimic, municipio de La Yesca, Nayarit, donde los indígenas reclaman 10 mil hectáreas como parte de su territorio ancestral. Les reconocieron las tierras que inmemorialmente poseyeron, y que están inscritas en los títulos virreinales que datan de la segunda y tercera décadas del siglo XVIII.

Tras largos juicios, obtuvieron resoluciones favorables para 3 por ciento del territorio reclamado. Las sentencias no se han logrado ejecutar porque lo impiden los invasores, mestizos del poblado ganadero de Huajimic, en los límites con el norte de Jalisco. El Tribunal Unitario Agrario del distrito 56, con sede en Tepic, Nayarit, y su magistrado titular, Aldo Saúl Muñoz López, con los abogados y comuneros, aun acompañados de policías, han sido repelidos varias veces por los ganaderos que reclaman indemnización.

Carlos González, abogado de la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán y destacado integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI) y del Concejo Indígena de Gobierno (CIG, comisión de coordinación y seguimiento), ha señalado que el Estado debe resolver la vía para indemnizar a los actuales posesionarios de las tierras en Huajimic. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se ha negado a intervenir con fondos del Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural. Resulta inaudito que el magistrado reconozca la imposiblidad de lograr la ejecución pacífica de las sentencias, incluso pidió apoyo a la XIII Zona Militar con cabecera en Tepic, sin lograrlo.

La situación llegó a un límite muy peligroso el pasado 12 de abril, cuando, de nueva cuenta, en caravana, actuarios del tribunal, esta vez sin el magistrado, acompañados del abogado González y comuneros con derechos reconocidos fueron agredidos cuando intentaban el ingreso al poblado de Huajimic, por dos centenares de ganaderos. El relato amerita la inmediata intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y autoridades federales responsables: Con navajas reventaron dos llantas de la camioneta propiedad de Benjamín Sandoval, abogado de Tepic que nos está apoyando; venía Cristian Chávez, nuestro geógrafo [también integrante del CIG]; le quitaron un espejo, y lo trataron de amagar; traían una soga y la metían por la ventana, para que yo metiera la cabeza (sugiriendo ahorcarlo); a Cristian le decían que le iban a cortar la cabeza, luego empezaron a mover la camioneta para tratar de ladearla, hacia la orilla del camino, para echarla a una barranquita (...) Nos retuvieron casi dos horas, algunos de estos civiles iban armados y otros encapuchados y con radios. Cuando por fin pudimos salirnos, de regreso, nos dijeron que si regresábamos nos iban a matar... (Milenio, 13/4/18).

El próximo 25 de abril está programado un nuevo intento de entrega de predios. El CNI ya emitió un comunicado de denuncia y respaldo a los wixaritaris. La comunidad realizará una asamblea extraordinaria y sus abogados presentarán denuncia penal. ¿El Estado se cruzará de brazos?

Esta situación límite no es la única en el país, los pueblos indígenas se defienden pacíficamente y con la ley en la mano; sin embargo, se enfrentan a un patrón de impunidad institucionalizada. Son los saldos de un Estado que ya abdicó de sus responsabilidades sociales. ¿A quién le importa hoy evitar la violencia contra los pueblos? Ocupados como están en sus elecciones? El caso reivindica el derecho al territorio y es un tema que no aparece en la agenda, la disputa está en otro lado, la propuesta unánime es ofrecerles más de lo mismo, alienación y contención con apoyos económicos.

La sentencia del TEPJF en favor de El Bronco, se acató por el INE, así sea bajo protesta, mientras las sentencias en favor de los wixaritaris, las anulan en los hechos los invasores históricos, con la complicidad, por acción o por omisión, de quienes deben garantizar su ejecución. De Bertolt Brecht se conoce su noción sobre los imprescindibles, pero hoy me quedo con aquello de que, cuando la hipocresía empieza a ser de muy mala calidad, es la hora de comenzar a decir la verdad.