Retirar el fuero constitucional a los diputados y senadores aún enfrenta complicaciones derivadas de las diferencias y matices entre los partidos representados en el Congreso de la Unión. De las tres iniciativas que se encuentran en la Comisión de Puntos Constitucionales en San Lázaro, sólo una considera acabar de raíz con ese privilegio que ha resultado en prohijar a legisladores acusados de corrupción e impunidad.

En las semanas recientes, en el Congreso se han manifestado voces de distintos partidos por eliminar o regular el fuero de los legisladores. Hasta ahora se ha impuesto la postura de mantener ese privilegio y flexibilizar sus procedimientos contra quienes resulten responsables de actos graves contra el interés público y la sociedad.

Las tres propuestas advierten del resquebrajamiento de la confianza ciudadana en sus representantes populares, de los graves efectos de la corrupción institucionalizada y de los legisladores en particular. No obstante, quienes interactúan en la Cámara de Diputados y en el Senado, con participación activa en el sistema político reprobado, no aceptan del todo abandonar sus privilegios, que hasta ahora se han convertido en impunidad.

El diputado independiente Daniel Torres Cantú presentó en agosto pasado una iniciativa que busca eliminar el concepto de fuero constitucional. No obstante, se queda corta al proponer que diputados y senadores, ministros de la Suprema Corte, magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral, consejeros de la Judicatura Federal, secretarios de despacho, el fiscal general de la República, así como los consejeros generales y el presidente del Instituto Nacional Electoral no pueden ser juzgados por sus opiniones, discursos o votos en el ejercicio de sus atribuciones, con el objetivo de únicamente garantizar la inmunidad de tomar decisiones con base en su cargo público.

Georgina Zapata (PRI) también presentó una iniciativa que, aduce, busca transitar hacia un régimen en que el fuero cumpla su función original, que radica en proteger a los servidores públicos en el ejercicio de su encargo, ya sea que éste implique la expresión de ideas (legisladores), la imposición de sanciones (funcionarios del Poder Judicial o entes autónomos) o el normal ejercicio de la administración pública federal (titulares del Ejecutivo y de los secretarios de despacho).

Esa proposición lleva implícita la protección de los sujetos a quienes se aplicaría: Es decir, que los servidores públicos puedan desempeñar las funciones inherentes a sus cargos sin ningún tipo de represalia, al tiempo que se evita que éstos abusen de los puestos que ocupen.

También Movimiento Ciudadano elaboró una propuesta, que contiene más matices que una solución de fondo al dilema de seguir protegiendo con la ley a legisladores corruptos o delincuentes, con notable ambigüedad y fundado en el concepto de pertinencia, el cual considera que es necesario “resolver la tensión entre un mecanismo necesario de inviolabilidad para que los legisladores conserven su autonomía frente al resto de los poderes, pero que al mismo tiempo no origine un estado de excepción en el que los integrantes de un poder puedan cometer delitos impunemente frente a miembros de otros poderes o, peor aún, de la sociedad en general.

Se trata de ser pertinente en el momento histórico en el que vivimos y adoptar sistemas funcionales de inmunidad parlamentaria que proporcionen protección de acusaciones injustificadas y motivadas políticamente, pero que también garanticen que se les impute a los parlamentarios responsabilidad ante la ley.