En materia de seguridad, las plataformas de algunos candidatos a la Presidencia de la República insisten en la guerra contra el narcotráfico, cuando se trata de una lucha perdida, y evaden el tema de la regulación del uso de las drogas, de acuerdo con académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En la sesión dedicada a la seguridad pública y los derechos humanos, de los foros México 2018: los desafíos de la nación. Las plataformas electorales discutidas por los universitarios, celebrados esta semana en la universidad, Sergio García Ramírez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas e investigador nacional emérito, destacó que no se puede negar que tenemos un panorama dramático en materia de inseguridad pública y de vulneración de los derechos humanos, y que las estrategias han fracasado.

Se requiere entonces de un gran cambio, dijo: Queremos seguridad pública, democracia y observancia pulcra de los derechos fundamentales.

Guadalupe Fernández Ruiz, profesora de la FD, resaltó que todas las plataformas admiten la gravedad del problema. Para el combate a la delincuencia se plantean diferentes propuestas, pero todas señalan la militarización del ejercicio de la seguridad pública, con la participación del Ejército y la Marina, además de una policía sólida.

La universitaria subrayó que la creación de instituciones no garantiza soluciones. Se necesita que el Sistema Nacional Anticorrupción, en el que se contempla la Fiscalía General de la República, tenga una absoluta vigencia, de otra forma se trata de un sistema que ha nacido muerto, sin ninguna viabilidad y en total apego a la cultura de la simulación.

Pedro José Peñaloza, también académico de la FD, aseguró que la mejor política de seguridad pública es de carácter social: la lucha contra la desigualdad, la exclusión y la violencia. En cambio, sentenció, no sirven las detenciones de delincuentes, porque sólo descabezan, pero no desarticulan al crimen.

Jorge Islas, ex abogado general de la UNAM, profesor de la FD y moderador de la sesión, consideró que cabría preguntar si en la próxima administración tendremos una política de seguridad humana o sólo de seguridad pública, una política criminológica que contemple el fenómeno de manera global y si tendremos una legislación nacional única, o seguiremos con una dispersión legislativa al respecto.