Luego de que trascendieron conversaciones a través de mensajes de celular entre presuntos integrantes del cártel Guerreros Unidos, las cuáles revelarían que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa se orquestó por líderes de esta organización desde Chicago, Amnistía Internacional (AI) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) señalaron que esas versiones comprueban que la conclusión oficial de la Procuraduría General de la República (PGR) es insatisfactoria.

Agregaron que después de difundidos los mensajes –que son parte de una investigación que se sigue en una Corte de Illinois sobre el trasiego de droga entre Iguala y Chicago–, el caso no puede cerrarse de manera precipitada, pues se tiene que profundizar en la indagación sobre el nexo entre política y narcotráfico como la causa de los crímenes contra los normalistas la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

El ataque a los estudiantes y a otras personas pudo estar dirigido desde Estados Unidos por miembros de la delincuencia organizada, lo que debe llevar a las autoridades mexicanas a abandonar finalmente su desacreditada teoría del caso y a comprometerse a investigar los hechos de forma seria y expedita, subrayó Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de AI.

Esas pesquisas, dijo, deben incluir a todas las autoridades que pudieran estar involucradas en este crimen. Es tiempo de que la PGR ajuste su investigación y se allegue de toda la evidencia disponible (...) La información publicada refuerza los hallazgos de la indagación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que desde 2015 señaló la necesidad de investigar la posible relación de grupos criminales dedicados al tráfico internacional de drogas ilícitas como elemento clave del caso.

Lamentó que a más de tres años de los hechos, la PGR no haya atendido adecuadamente esa línea de investigación, lo que parece ser un esfuerzo más por ocultar lo evidente: que este caso demuestra la existencia de una enorme red de complicidades que involucra a autoridades en todos los niveles del Estado mexicano, que ha permitido la comisión de violaciones a las garantías fundamentales y crímenes de derecho internacional.

La llamada verdad histórica es una de las hipótesis de la procuraduría federal en la que se argumenta que los normalistas fueron desaparecidos por policías municipales, quienes los habrían entregado al crimen organizado para asesinaros y después incinerarlos en el basurero de Cocula.

Ayer, el periódico Reforma dio a conocer las conversaciones que supuestamente tuvieron lugar durante el momento de los hechos de Iguala y días después habrían tenido presuntos integrantes de Guerreros Unidos, algunos de ellos actualmente bajo proceso en Estados Unidos, donde se revela que el ataque se ordenó desde Chicago debido a que los normalistas habrían sido confundidos con miembros de un cártel rival.

Al respecto, el Centro Prodh, que ha acompañado a los familiares de los estudiantes, señaló que esto muestra la debilidad de la verdad histórica. En particular, se refirió a la parte de los mensajes en la que se habla de 60 paquetes ya guardados y otros con San Pedro, ya que el término paquetes al parecer se refiere a personas. Este dato, agregó la ONG, se habría enviado el 27 de septiembre a las 15:28 horas, lo cual entra en franca contradicción con la teoría oficial, pues de acuerdo con la PGR, a esa hora los estudiantes ya habrían sido ejecutados e incinerados.

La información publicada, agregó, también comprueba que Guerreros Unidos no es un grupo criminal de alcance regional con vínculos exclusivos con autoridades municipales, como han insistido instancias federales. Por el contrario, es una compleja red trasnacional de tráfico de drogas en vías de expansión, vinculada al trasiego de heroína en autobuses, coludida con niveles de gobiernos municipal, estatal y federal, y cuyo organigrama real aún es desconocido.