La práctica de la corrupción a nivel general en México equivale en recursos a un monto anual de 200 mil millones de pesos (alrededor de cinco puntos del producto interno bruto), expuso la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados.

Durante el foro Sistema Nacional Anticorrupción: Retos y avances, Jesús Valencia (representante de Morena), refirió que según cifras del Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco), hay quienes dicen que rebasa los 500 mil millones de pesos.

Al inaugurar el foro, mencionó la Encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental del Instituto Nacional de Estadistica y Geografía (Inegi), que indica que para la realización de pagos, trámites, solicitudes para servicios públicos se pagaron 6 mil 418 millones de pesos en 2015, y 7 mil 217 millones en 2016.

Por su parte, Yasmín Esquivel Mossa, presidenta de la Asociación de Magistrados del Tribunales de Justicia Administrativa, consideró que la corrupción ha carcomido la confiabilidad de las instituciones y debilita el pilar fundamental de la credibilidad del Estado Mexicano.

No hay nada más lamentable y preocupante para el desarrollo de nuestro país que las instituciones públicas pierdan fuerza ante los ojos de la población, ante lo que el destino de nuestro país se vislumbra sumamente sombrío.

Llamó a los participantes a revisar la efectividad del Sistema Nacional Anticorrupción: A dos años de su aprobación tenemos que revisar qué tan eficiente ha sido este sistema. Debemos hacer que sirva y sea eficaz, por eso aplaudo que la Cámara de Diputados esté interesada en recopilar información para generar iniciativas, puntos de acuerdo y modificaciones legales necesarios para que este mecanismo aporte los resultados esperados.

A decir del magistrado de la décimo segunda sala regional del Tribunal de Justicia Administrativa, Álvaro Castro Estrada, hay funcionarios que han encontrado en la práctica recurrente de la corrupción un modo de vida y riqueza. Su raíz es la decisión personal de las personas con conocimiento de las consecuencias. No se nace corrupto, se elige serlo, el problema trasciende la moral y se convierte en inercias para que, ya sean del sector público o privado o ambos, llegan al punto de considerar que es más rentable romper la ley que respetarla.

El catedrático del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Octavio Martínez Camacho, aseguró que con el andamiaje y estructura jurídica actual nos llevaríamos un mal sabor de boca si se nombra el fiscal anticorrupción, pues tendría poca autonomía. Está atado al tema de recursos económico, un organismo público sin dinero es sólo un sueño.