El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas manifestó su preocupación ante las limitantes del Estado mexicano para asegurar que se cumplan estas garantías.

Tras la comparecencia de México los días 12 y 13 de marzo, el comité difundió este miércoles una serie de observaciones frente a las condiciones que guardan esos derechos en el país.

Una de sus principales preocupaciones es que las víctimas de violaciones a este tipo de garantías enfrenten dificultades para acceder a recursos judiciales efectivos, incluido el juicio de amparo, por lo que instó al Estado mexicano a adoptar las medidas necesarias para avalar que sean exigibles en todos los niveles del sistema judicial.

La instancia internacional llamó la atención en torno a los graves actos de violencia cometidos contra defensores de derechos humanos en México, en particular los de económicos, sociales y culturales, y los altos niveles de impunidad por estas agresiones, por lo que exigió a las autoridades de México adoptar medidas para prevenir la violencia contra activistas e investigar de manera exhaustiva, imparcial y eficaz las denuncias de atentados contra la vida, la integridad física, la libertad y demás agresiones en su contra.

Otro de los derechos que no se cumplen en nuestro país, indicó el comité, es el de los pueblos indígenas a una consulta libre, previa e informada, principalmente en lo relativo para obtener su aprobación en el desarrollo de proyectos económicos y de explotación de recursos naturales. En ese sentido, recomendó la necesidad de garantizar ese derecho a estas comunidades y evitar que estos proyectos de desarrollo tengan un impacto negativo para sus derechos.

También mostró su preocupación porque las empresas no estén obligadas a cumplir con los principios de la diligencia debida en materia de derechos humanos, además de los altos niveles de corrupción e impunidad que persisten en México. Agregó que pese a los esfuerzos de las autoridades para promover la igualdad de género, los estereotipos en este sentido continúan profundamente arraigados en la sociedad, lo que dificulta el pleno goce de los derechos económicos, sociales y culturales por parte de las mujeres y limita su presencia en cargos de decisión tanto en la esfera pública como en la privada.

También señaló que el desempleo y el subempleo afecten de manera desproporcionada a jóvenes, personas con discapacidad, indígenas, migrantes solicitantes de asilo y refugiados, al igual que las dificultades que enfrentan las mujeres para incorporarse al mercado laboral.

Por último, el comité se dijo preocupado porque el salario mínimo es insuficiente para los trabajadores y sus familias, por lo que llamó al Estado a incrementar ese ingreso mediante un mecanismo de indexación adecuado.